Los estudiantes critican el nuevo Estatuto del Becario por falta de consenso.
La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) ha rechazado “tajantemente” el proyecto de ley del Estatuto de las personas en formación práctica no laboral, remitido al Congreso de los Diputados.
El Consejo de Ministros aprobó este martes la norma, conocida popularmente como el Estatuto del Becario, dos años y medio después de que el Ministerio de Trabajo y Economía Social alcanzara un acuerdo con los sindicatos, sin la patronal y, según denuncian, sin contar con la comunidad educativa.
En este tiempo, CREUP ha criticado que el texto “se ha elaborado sin contar con la participación real de la comunidad educativa”. Tanto universidades como estudiantes sostienen que han quedado al margen de la negociación de una regulación que les afecta de forma directa.
Aunque el Ministerio de Trabajo asegura que la norma refuerza el carácter plenamente formativo de las prácticas, la organización estudiantil advierte de que su enfoque responde más a una “lógica laboral”, al haberse negociado únicamente con los sindicatos.
A juicio de CREUP, el proyecto también presenta “importantes deficiencias técnicas y de fondo”. Entre ellas, señalan la dificultad de regular conjuntamente modalidades muy diferentes, como las prácticas universitarias —curriculares y extracurriculares— y las de Formación Profesional, debido a que “difieren en su naturaleza y finalidad”.
La coordinadora lamenta, además, que no se haya aclarado cómo se financiará la compensación de los gastos asociados a las prácticas. En su opinión, la falta de garantías puede provocar que los costes terminen recayendo en universidades ya infrafinanciadas, sin que ello se traduzca en una mejora real de la calidad formativa.
“En definitiva”, sostienen, universidades y estudiantes coinciden en que el denominado Estatuto del Becario no responde a las necesidades del sistema de prácticas académicas externas y que, por el contrario, podría acabar funcionando como una herramienta de “precarización invertida”: incrementaría la carga económica de las universidades y tensionaría los mecanismos de control existentes, sin reforzar las garantías para el estudiantado.
Por todo ello, CREUP pide al Ministerio de Trabajo —al que reprocha presumir de diálogo social mientras “ha ignorado” en este caso a los principales afectados— que retire el proyecto y abra un proceso de negociación “real”. También llaman a los grupos parlamentarios a no respaldar una norma que, según su postura, se ha elaborado sin consenso y no mejora la situación de las prácticas académicas.
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