Coalición por Melilla (CPM) ha subrayado el hecho de que Abdelmalik El Barkani sea el primer delegado del Gobierno de la historia que está imputado por la Justicia. Concretamente, por el Juzgado de Instrucción número 5 de Melilla, tal y como especifica una providencia acordada por el magistrado Miguel Ángel García, firmada el 21 de febrero, cuatro días antes de que El Barkani acudiera a las Torres V Centenario para prestar declaración por la devolución de 21 inmigrantes kamikaze que entraron en Melilla en febrero de 2012. Según la providencia, a la que ha tenido acceso MELILLA HOY, el juez especifica que tanto a El Barkani como al coronel jefe de la Guardia Civil en Melilla, Ambrosio Martín Villaseñor, “se les tiene por personados y partes en calidad de imputados/querellados”. Ambos están representados por la Abogacía del Estado, “con quien se entenderán las sucesivas diligencias conforme con lo dispuesto en la Ley”.
En ese mismo auto, el juez da cuenta de las alegaciones presentadas por el coronel, de las que pide que se den traslado al Ministerio Fiscal y a la acusación popular para que se pronunciaran sobre el mantenimiento de la imputación. No obstante, el magistrado suspendió mientras tanto la citación que tenía Martín Villaseñor para que acudiera a declarar el día 25 de febrero a las 12.20 horas.
En el auto no se especifican los delitos o faltas por los que ambos son parte de este procedimiento como imputados/querellados, situación quiso destacar que CPM, que es uno de los denunciantes en esta causa, al igual que Prodein.
Denuncia de CPM y Prodein
Hay que recordar que la ONG y el partido político denunciantes basaron su denuncia en la rueda de prensa que dio Abdelmalik El Barkani el 13 de febrero de 2013, en la que informó de estas devoluciones en base al acuerdo de readmisión de inmigrantes pactado entre España y Marruecos en 1992 y publicado en el BOE en el año 2012.
El Barkani subrayaba que tomaba esta determinación para frenar los “coches kamikazes”, consistentes en vehículos repletos de inmigrantes (en un mismo vehículo llegaron a ir 12 personas) que accedían a Melilla a toda velocidad, llevándose por delante incluso parte de la garita de vigilancia de la Guardia Civil y dañando la verja de la frontera, cuyas puertas quedaron parcialmente descolgadas.
El delegado sostuvo entonces que era necesario “replantear la consideración” que se da a los inmigrantes que llegan a Melilla “violentando la frontera o prestándose al chantaje humanitario que favorezca el negocio de las mafias”. Prodein y CPM, en cambio, consideran que estas expulsiones no se ajustan a la legalidad porque aseguran que 12 de los 21 inmigrantes “no fueron identificados” para saber por ejemplo “si entre ellos había menores de edad” porque al parecer fueron echados el mismo día. Tampoco entienden que se ajuste al convenio con Marruecos que esgrime la Delegación del Gobierno pues, conforme explicaron en la denuncia, el mecanismo que contempla no supone “la ausencia absoluta de trámites administrativos, ni la ausencia de derechos para los extranjeros”.
Versión de El Barkani
El Barkani acudió el 25 de febrero a declarar ante una gran expectación mediática, y manifestó al juez que en las dos entradas kamikaze se aplicó el Acuerdo de Readmisión entre España y Marruecos, y se hizo “bajo la normativa legal”.
El delegado dijo que su decisión política fue pedir que se cumpliera lo previsto en el Acuerdo de Readmisión hispano-marroquí firmado en 1992 para tratar de poner freno a las entradas kamikazes, que eran “absolutamente agresivas, violentas y ponían en peligro la vida” de los inmigrantes, los agentes y demás usuarios de la frontera.
