Así como de garantizar el cumplimiento del convenio, la dignidad salarial, la equidad entre trabajadores que prestan un mismo servicio y la correcta prestación de éste
Coalición por Melilla (CPM) ha reclamado la municipalización del centro de menores de ‘La Purísima’ como “única vía” para garantizar el cumplimiento del convenio, la dignidad salarial, la equidad entre trabajadores que prestan un mismo servicio y la correcta prestación de éste y por ende, una mejor atención a los menores.
La diputada del partido en la Asamblea, Cecilia González, ha recordado que esta reivindicación no es nueva en la formación localista, puesto que en julio de 2025 denunciaron el “empeoramiento” de las condiciones bajo la gestión de la empresa Tragsatec, criticando que el Gobierno regional descartara de manera definitiva la municipalización ante la «situación insostenible» de la plantilla.
González ha afeado al Ejecutivo regional que descarta la municipalización del centro mientras en diciembre de 2025 anunciaron la futura municipalización de un centro de asistencia para menores en situación de desamparo desde los cero hasta los 18 años de edad
Para CPM, los argumentos del Ejecutivo local para no integrar este servicio en la gestión directa de la Ciudad Autónoma “no se sostienen ni jurídica ni éticamente”, advirtiendo que la falta de soluciones reales ante un conflicto laboral y asistencial “pone en riesgo” tanto a la plantilla como a los menores acogidos.
Por otro lado, la cepemista ha criticado que la consejera de Políticas Sociales, Randa Mohamed, “siga enrocada” en su negativa a recibir al Comité de Empresa del centro “a pesar de las muchas solicitudes de éstos”, lo que evidencia, a su juicio, la confirmación del “abandono y dejación de la gestión pública”.
Asimismo, ha denunciado que la consejera faltó a la última Conferencia Sectorial de Menores. Entre los “agravios” que el Comité de Empresa ha denunciado destaca el perjuicio salarial, trato desigual respecto a otros servicios externalizados, la falta de equipos de trabajo, la reducción de vigilantes de seguridad, denuncias sobre la presencia de amianto o la precariedad de las instalaciones, entre otras.
