Coalición por Melilla (CPM) exigió ayer a la Consejería de Bienestar Social que abra una investigación sobre la muerte en 2017 de un menor en el Centro de Reforma, dependiente de la Ciudad Autónoma, después de lo que recoge sobre este caso un informe publicado ayer por el Defensor del Pueblo. En rueda de prensa, el portavoz de CPM, Hassan Mohatar, apuntó que, tras leer las conclusiones del Informe Anual 2017 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes (MNP), a su partido le parece “alarmante” que el consejero de Bienestar Social, Daniel Ventura, no diera explicaciones en su momento. Según Mohatar, el informe del Defensor del Pueblo les da la razón cuando tras ocurrir los hechos a finales del año pasado, reclamaron que se hiciera una autopsia forense y no únicamente una autopsia clínica, como se hizo, que determinó que “murió por una parada cardiorrespiratoria”.
“Normal, lo primero que aparece en un informe de defunción es que no respira ni le funciona el corazón”, apostilló el portavoz cepemista tras recordar cómo el Gobierno melillense “salió en tropel” exigiendo a la oposición que pidiera perdón al consejero, cuando ahora el Defensor del Pueblo considera que se debería haber hecho una autopsia forense.
Mohatar se mostró de acuerdo porque “esa muerte había que aclararla por respeto a los familiares de ese menor y a un ser humano”, pero sobre todo “en aras a la transparencia en el tema de menores” y la gestión que realiza Bienestar Social, que es el encargado de la tutela.
Vídeos
Además, el diputado cree que “choca” que el director del centro de reforma no tenga acceso a las imágenes que graban las videocámaras de seguridad y que Bienestar Social, después de varios días, enviara al Defensor del Pueblo 110 vídeos que “no coinciden con los momentos y las horas”, por lo que “parece que pudiera estar manipulado”.
“Si fuera así, sería gravísimo”, afirmó Mohatar, que también dijo no entender que Bienestar Social alegue una cuestión económica para no hacer análisis de sangre y de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) a los menores que entran en el Centro de Reforma, ya que cada uno cuesta 160 euros.
“Cuando menos, es sorprendente”, aseveró el portavoz de CPM, que preguntó a Bienestar Social por qué no pide en ese caso dinero al Estado, dada la importancia que tienen este tipo de analíticas para hacer un seguimiento a los menores que llegan con patologías, como ocurrió en el caso del menor fallecido.
Servicios jurídicos
Por todo ello, Mohatar mostró la preocupación de CPM y avanzó que consultará este asunto con sus servicios jurídicos para ver si se puede elevar alguna exigencia a Bienestar Social y exigió que se abra esa investigación para saber en qué circunstancias falleció y depurar responsabilidades si las hubiese.
Asimismo, Mohatar consideró que el consejero debería dar explicaciones y asumir responsabilidades en lugar de “echar balones fuera” y criticar a la oposición, al tiempo que se preguntó si los calificativos que suele dedicar a CPM por criticar su gestión también se los lanzará al Defensor del Pueblo tras este informe.
