Coalición por Melilla (CPM) ha solicitado “información clara” al Gobierno de la Ciudad Autónoma respecto al contrato de limpieza y recogida de residuos de la ciudad por una supuesta duplicación del gasto y solapamiento de competencias en el mismo.
En rueda de prensa, el portavoz del partido, Hafid Mohamed, ha basado estas “dudas” sobre la gestión adecuada de los fondos públicos en la adquisición de nueva maquinaria de limpieza y contenedores de residuos que ha realizado el Ejecutivo regional por valor de ocho millones de euros con partidas adicionales y fuera del marco del contrato principal, que está dotado con 80 millones.
“Estamos hablando de una adquisición extracontractual que podría suponer una duplicación del gasto que carece de justificación técnica y económica”, ha asegurado Mohamed, que ha subrayado que dichas partidas tendrían que estar incluidas en el contrato principal.
A todo esto se suma la licitación de un servicio externo por más de 5,3 millones de euros para la contratación de 90 personas destinadas a vigilar la correcta ejecución del servicio de limpieza.
El portavoz cepemista ha afirmado que “no tiene ningún sentido” realizar una inversión extraordinaria para vigilar a los trabajadores de limpieza cuando el contrato principal incluye dicha función y tiene que estar suscrito por los trabajadores y ordenanzas.
Por lo tanto, ha señalado que externalizar esta función supone, “como mínimo, un solapamiento de competencias que debe ser explicada con claridad”, puesto que “vamos a pagar los melillenses el doble para que distintas personas de distintas empresas realicen las mismas funciones”.
El dirigente localista ha advertido que, desde un punto de vista jurídico, la fragmentación de prestaciones que podrían estar incluidas en un contrato principal, así como en la contratación paralela de servicios con funciones coincidentes “podría vulnerar los principios básicos de la contratación pública, eficiencia en el gasto, economía de medios, transparencia y buena administración”.
“No se trata de un cuestión política, sino de una cuestión de legalidad y responsabilidad en la gestión”, ha dejado claro, apuntando que con esta decisión el Gobierno melillense “podría estar encubriendo una gestión desordenada con sobrecostes innecesarios y sin un planificación coherente”.Por ello, la formación localista ha exigido explicaciones “claras y documentadas” sobre por qué se están financiando de forma separada medios y servicios que, según los propios pliegos, “deberían estar integrados en el contrato principal”.
Ha advertido que esta forma de proceder podría derivar en responsabilidades administrativas “graves” e incluso de otro orden si se confirmara “un uso indebido” de los recursos públicos, reservándose el derecho a emprender acciones legales oportunas para defender el interés general.
