Coalición por Melilla (CPM) denunció ayer la “caja B de personal” que, según dijo, está provocando la contratación externa de servicios por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla, una práctica sobre la que recordó que el Tribunal de Cuentas ya ha advertido en sus últimos informes de fiscalización. En rueda de prensa, el portavoz de CPM, Hassan Mohatar, se refirió a esta cuestión después de que su partido realizara ayer una advertencia de legalidad sobre la contratación de una militante del PP, miembro de la Comisión Ejecutiva Regional, como coordinadora técnica de industrias culturales en la Ciudad Autónoma.
Mohatar dejó claro que no está en contra de esta persona, sino del proceder del Gobierno melillense, ya que considera que con esta práctica no se está cumpliendo con los criterios de igualdad, méritos y capacidad que deben regir la contratación de personal en las administraciones públicas.
“La puerta de atrás”
El portavoz cepemista recordó que las personas contratadas a través de empresas externas en la Ciudad Autónoma no pueden ejercer competencias de funcionarios ni personal técnico, si bien ya se han dado casos en que trabajadores han denunciado a la Ciudad Autónoma y “al final han entrado por la puerta de atrás” en la administración como personal laboral.
Mohatar advirtió de que si este caso concreto termina llegando a los juzgados, CPM pedirá una responsabilidad patrimonial al Gobierno “por permitir esta situación”, que a juicio de los cepemistas es “de ilegalidad”.
Además, criticó que las plantillas de determinadas áreas de la Ciudad Autónoma, como las de Cultura y Festejos, están formadas en su mayoría por personas de empresas externas, algo que en opinión de CPM debería ser resuelto mediante la Bolsa de Empleo o bien, con una Oferta Pública de Empleo (OPE).
