Coalición por Melilla (CPM) considera “excesivas” las sanciones que propone el Gobierno local en el Reglamento para la Garantía de la Convivencia Ciudadana y la Protección del Espacio, en el que plantea multas máximas de hasta 750 euros para tratar de erradicar conductas incívicas y actividades molestas, como es la prostitución y los servicios no autorizados ni solicitados, entre otras. En rueda de prensa, el portavoz de CPM en la Asamblea, Hassan Mohatar, avanzó ayer que su grupo pedirá en la próxima Comisión de Presidencia y Seguridad Ciudadana que las infracciones leves sean multadas con 250 euros, las graves con 500 y las muy graves con 750. La intención de la formación cepemista es que se lleve a cabo una rebaja sustancial respecto a la propuesta de la Consejería de Seguridad Ciudadana en el borrador del reglamento, en el que establece un máximo de 750 euros para la mayoría de las infracciones leves, mientras que las graves pueden oscilar entre 751 y 1.500 euros y las muy graves, hasta 3.000 euros.
CPM propondrá además que en el caso de las sanciones por vandalismo, estén determinadas por un informe de un perito que evalúe los daños ocasionados, pues aunque Mohatar reconoció que cualquier acto vandálico es condenable, cree que no se puede sancionar con 500 euros un daño cuyo coste de reparación es inferior.
Sí diferenció en cambio los actos vandálicos cometidos en recintos históricos y especialmente protegidos, aunque en general CPM considera que las cuantías de las sanciones son muy elevadas y en algunos casos deberían estar sujetas a la disposición de medios por parte de la Ciudad Autónoma para que los ciudadanos sean cívicos. En este punto, puso como ejemplo la sanción de hasta 750 euros por tirar cartones fuera de los contenedores habilitados al efecto. Sin embargo, los cepemistas piensan que “antes de sancionar, el Gobierno debe poner medios para que los ciudadanos puedan desarrollar el civismo que se pide en el reglamento”.
Embriaguez
También criticó el artículo 26, referente a la posibilidad de que la Policía Local “podrá facilitar a las personas en estado de embriaguez el acceso a los servicios de salud o de atención social correspondientes”, algo que CPM rechaza al considerar que “la Policía Local está para otras cosas y no para hacer de chofer de nadie” hasta un centro sanitario. En su opinión, este es “posiblemente el artículo estrella” del reglamento y, según dijo, “parte del episodio pasado con el asesor de la Delegación del Gobierno”, Ángel Fernández Espona, hace varios meses.
Al hilo, el diputado cepemista reclamó más concreción en artículos que considera que quedan abiertos a dudas para los ciudadanos, como es el caso de la prohibición de consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, para que todo el mundo sepa si se puede beber, por ejemplo, una cerveza en la playa.
También pidió reglamentos específicos para otras infracciones recogidas, como la recogida de excrementos de mascotas y la prostitución para “detallar más” ambos casos, como ocurre en otras ciudades de España. También consideró que el reglamento debe ser mejorado concretando los horarios en los que podría tolerarse el ruido.
Mohatar confió en que el Ejecutivo llegue a diferentes acuerdos en este reglamento en la próxima comisión, que se celebrará mañana, para que “tenga cierta lógica y se amolde a las circunstancias de la ciudad”.
