El Grupo Coalición por Melilla (CPM) consideró ayer que si el Gobierno de la Ciudad cree que el actual personal de su Gabinete Jurídico no es suficiente, se deberían sacar las plazas necesarias para que las personas que opten, demostrando "méritos y conocimientos suficientes", puedan desarrollar esta labor "tan importante" para la Administración pública. La diputada Dunia Almansouri, en rueda de prensa, hizo esta propuesta dejando claro que la Ciudad Autónoma, además de contar con sus propios servicios jurídicos, cuenta también con la Abogacía del Estado para "cuestiones mayores". La cepemista se refirió a la incompatibilidad de Mª José Aguilar Silveti, que, tal y como recordó Almansouri, ha estado 11 años ejerciendo la abogacía privada y de asesora del Gobierno, cobrando un complemento de dedicación exclusiva "de algo más de 1.200 euros al mes". Según la diputada, el Ejecutivo local "conocía" que Aguilar Silveti estaba ejerciendo esta doble labor, algo que era incompatible. De hecho, fue la propia abogada la que pidió su cese como asesora jurídica del Gobierno.
Fue entonces cuando el principal partido de la oposición preguntó al Gobierno de la Ciudad, tanto en la Comisión de Administraciones Públicas como en Pleno de Control, por lo sucedido. "Nuestra sorpresa fue que todas las preguntas se han respondido por escrito", indicó Dunia Almansouri, que resaltó que una de las cosas que quiso saber CPM fue de quién es la responsabilidad política de que Aguilar Silveti se mantuviera en el cargo durante 11 años. "Se nos contesta por escrito que no existe responsabilidad política ante la incompatibilidad", dijo la cepemista.
Además, otra de las preguntas fue si el Gobierno tenía la intención de pedir a la ex asesora jurídica la devolución de "los importes cobrados indebidamente", que en palabras de Almansouri superan los 150.000 euros en este periodo. La respuesta que dio el Ejecutivo en este caso fue que existe un expediente de reintegro abierto desde hace varios meses.
En cualquier caso, y pese a esta polémica, el "siguiente paso" que ha dado el Ejecutivo ha sido el de contratar a Isabel Moreno para ocupar la vacante dejada por Aguilar Silveti. "No entendemos que sea la práctica más correcta, que sea un ejercicio de transparencia", resaltó la diputada Almansouri, sobre todo porque Moreno es secretaria regional de Nuevas Generaciones (NNGG) y está "muy relacionada" con el Gobierno.
De hecho, Moreno reprochó días atrás las críticas vertidas desde el Grupo CPM sobre la formación becada. "Nos tacha de incoherentes, cuando incoherente es seguir pagando más de 150.000 euros a una persona cuando existe un Gabinete Jurídico en la Ciudad Autónoma", concluyó Dunia Almansouri.
