El consejero de Economía y Hacienda, Daniel Conesa, cree que el centro comercial que se va a instalar en el antiguo cuartel de Valenzuela será muy beneficioso para la ciudad desde el punto de vista económico, ya que además de generar puestos de trabajo, la empresa promotora tendrá que pagar un 25% de plusvalías a la Ciudad Autónoma por el uso comercial del terreno. A preguntas de los periodistas, Conesa recordó que según el convenio firmado entre la Ciudad Autónoma y la empresa promotora para permitir el desarrollo urbanístico de la parcela, ésta podrá utilizar el 100% del terreno para fines comerciales a cambio de abonar un 25% de plusvalías a la Administración local. Conesa recordó que esas plusvalías que se obtendrán de los promotores “van a repercutir” en las arcas públicas de la Ciudad Autónoma “para todos los ciudadanos”, de modo que éste es uno de los primeros aspectos positivos que tendrá el futuro centro comercial.
Además, recordó que el convenio, autorizado por el Consejo de Gobierno hace varias semanas para adelantarse a la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), permitirá desarrollar una gran superficie comercial, que es “un anhelo” y algo que “todos los melillenses desean”.
El consejero dejó claro que la implantación del centro comercial es una iniciativa privada que depende de la voluntad de los promotores, los cuales “tienen la última palabra” aunque “parece que lo tienen muy cerrado” con acuerdos con varias firmas comerciales y de restauración para que impulsen su actividad, entre ellas Decathlon, AKI, Cortefiel y Zara.
Asimismo, Conesa consideró que esta gran superficie será compatible con el mantenimiento del comercio tradicional de la ciudad, “como ha pasado en otras ciudades” del país, y que podrá atraer a clientela marroquí gracias también a las obras del principal paso fronterizo, que permitirá dar una mayor flexibilidad al tránsito.
De hecho, apuntó que la instalación del centro comercial es algo que el colectivo de comerciantes tiene “muy asumido ya”, a pesar de que hace años este asunto provocaba “debates encendidos” por la oposición que había en torno a él. De todos modos, recordó que la Ciudad Autónoma no tiene “armas legales” para impedir si quisiera el desarrollo del centro comercial para proteger al pequeño comercio.
