El portavoz de la Ciudad Autónoma, Daniel Conesa, expresó ayer la satisfacción del Gobierno local por el auto de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Málaga con sede en Melilla en el que ratificaba el sobreseimiento y archivo de las actuaciones en el caso de la Mesa de Contratación. Además, consideró que el auto es “interesante” porque podría servir “para múltiples actuaciones” al mantener que “la mera existencia de un error o una irregularidad en cuestiones administrativas no necesariamente lleva equiparada la existencia de un delito”. Así, Conesa se mostró convencido de que “ocurrirá lo mismo” que ahora en “otras circunstancias similares a ésta” o en otras actuaciones que pueda llevar a cabo el Tribunal de Cuentas, ante las cuales el Gobierno melillense presentará sus correspondientes argumentaciones donde sea necesario. En su valoración, Conesa subrayó que la sentencia de la Audiencia Provincial da la razón al Ejecutivo melillense en la tesis que ha mantenido siempre respecto a que un error administrativo no puede ser entendido o equiparado a un ilícito penal. “Eso es una barbaridad como un piano”, dijo el portavoz gubernamental, que recordó que desde el primer momento en el que surgió este caso, en el que fueron imputados 25 funcionarios y representantes políticos que integraban en 2006 y 2007 la Mesa de Contratación de la Ciudad Autónoma por presunta prevaricación, el Gobierno local dijo que era un error.
En este sentido, el Ejecutivo cree que los hechos le han dado la razón, tal y como explica la sentencia de la Audiencia Provincial, que tumba literalmente el recurso presentado por el sindicato Manos Limpias para ratificar el sobreseimiento de este caso ya dictado en noviembre por el Juzgado de Instrucción número 1.
Para Conesa, esta sentencia puede sentar precedentes ante otros hipotéticos futuros casos en los que se puedan plantear contenciosos administrativos contra la Ciudad Autónoma, algo que “es inevitable y siempre va a existir” como administración pública que es. No en vano, recordó que los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de España “están llenos” de “miles de recursos” de este tipo, si bien se hizo eco de lo que dice el auto de la Audiencia Provincial, que también piensa el Gobierno local, y es que las irregularidades administrativas no pueden llevarse al derecho penal, a no ser que sean “ilegalidades severas y dolosas”, como apuntaba el auto judicial.
Asimismo, el portavoz del Gobierno melillense también dijo estar seguro de que el recurso presentado por el sindicato Manos Limpias para pedir que este caso no fuera archivado, lo cual fue desestimado en este auto de la Audiencia Provincial, estuvo “convenientemente estimulado desde Melilla para su actuación”.
Para el Gobierno melillense, este auto contiene “aspectos jugosos”, entre ellos la aclaración de la Audiencia Provincial de que la invasión del derecho penal “debe ser mínima y solo para castigar conductas que sean absolutamente burdas”, de modo que no se puede trasladar al ámbito penal todo aquello que debe circunscribirse al ámbito administrativo.
