El Gobierno de Melilla rechazó ayer las peticiones planteadas por la oposición para que sea cesado el presidente de la Autoridad Portuaria, Miguel Marín, después de que la Fiscalía le haya pedido 11 años de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación cuando era consejero de Administraciones Públicas. “Que se le quite de la cabeza a la oposición que vayamos a plantear el cese de Marín como presidente del Puerto”, respondió el portavoz de la Ciudad Autónoma, Daniel Conesa.
En rueda de prensa, Conesa dirigió su mensaje directamente al PSOE y a Coalición por Melilla (CPM), que en los últimos días han insistido en pedir que Marín sea apartado del cargo. Según dijo el portavoz de la Ciudad, ni el Consejo de Gobierno ni su presidente, Juan José Imbroda, se han planteado esa posibilidad.
Conesa se mostró convencido de que el juicio oral por el denominado Caso Arquitecto “no puede durar más de diez minutos”, teniendo en cuenta las diferentes resoluciones de diferentes instancias judiciales “validando la contratación” que fue objeto de una denuncia del Colegio Oficial de Arquitectos de Melilla (COACAM).
Las sentencias
En este punto, recordó que el Juzgado de lo Social de Melilla, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y la Audiencia Provincial de Málaga con sede en Melilla ya han emitido sentencias que dan por válido todo el proceso de selección y la posterior contratación del arquitecto en cuestión, además de los diez miembros del Consejo de Estado.
El portavoz del Ejecutivo melillense se refirió, sobre todo, a la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga con sede en Melilla, que ordenó el sobreseimiento de la acusación contra el técnico imputado, la cual “deja sin peso cualquier acusación que se pueda hacer contra Miguel Marín de haber cometido una ilegalidad”.
“Si al técnico que hace los informes le eximen de responsabilidad, el político que toma las decisiones basándose en esos informes difícilmente puede tenerla”, afirmó Daniel Conesa, para quien “es difícil entender cómo este caso ha podido llegar a este momento procesal”.
Además, recordó que la actual Junta de Gobierno del COACAM “ha recuperado la sensatez” con su decisión de retirar la “denuncia eminentemente política” que presentó la junta anterior y que originó el Caso Arquitecto, por lo que considera “evidente” que se trata de “un delito imposible”.
“Increíble” el trámite del Caso Arquitecto
En su opinión, “debería haber una fórmula para que este juicio no llegara a celebrarse nunca”, pero si el momento procesal actual en el que se encuentra el Caso Arquitecto obliga a su celebración, Conesa considera que “no puede terminar más que con la absolución de manera inmediata”. “No puede durar más que unos minutos”, insistió.
No en vano, Daniel Conesa insistió en que para el Gobierno de Melilla “es increíble” el trámite que ha tenido este caso. Además, como ya apuntara días atrás el PP, el portavoz gubernamental incidió ayer en que el escrito de la Fiscalía en el que solicita 11 años de inhabilitación para Miguel Marín contiene “hechos equivocados o errores”, los cuales “quedan constatados con las resoluciones”.
“La relación tormentosa CPM-Marín provoca estas reacciones sin sentido”
En opinión de Daniel Conesa, la denuncia del COACAM “tenía un interés político apoyado por el PSOE y CPM”, y especialmente éste último, del que irónicamente dijo que le tiene “un especial cariño” a Marín desde hace años, después de que éste denunciara a Dunia Almansouri y Mustafa Aberchán y ambos dirigentes cepemistas fueran condenados por injurias. “Esta relación tormentosa entre CPM y Miguel Marín desde hace tiempo provoca estas reacciones sin sentido”, agregó.
