La democracia le ha sentado bien a la economía española y ha servido para consolidar el estado de bienestar. Así de breve lo dice la introducción del Informe recientemente publicado, en noviembre de 2014, por el Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC), que componen 15 de las mayores empresas españolas y el Instituto de la Empresa Familiar. El Informe es realmente interesante tanto por el análisis de la situación económica española, como por las metas, ambiciosas, que propone para reducir el paro en España en la llamativa cifra de 2,3 millones hasta 2.018. El conjunto de medidas que propone requiere una intensa actuación política que me ha recordado el comentario de Enrique Fuentes Quintana, cuando era Vicepresidente del Gobierno para AAEE, sobre la necesidad de aportar “soluciones políticas a los problemas económicos”. Eso nos lleva al riesgo del intervencionismo público en el ámbito económico, pero de lo que aquí se trata es, precisamente, de cambiar las regulaciones existentes, que son excesivas, reducen la competitividad empresarial y son frenos a la inversión. Se trata de crear condiciones atractivas a los inversores.
El informe hace un planteamiento para alcanzar un modelo económico de crecimiento basado en “la productividad y la excelencia”; por ello se requiere también la acción de la Administración, eliminando obstáculos y apoyando las reformas propuestas por los empresarios para alcanzar tan importante meta laboral pues, evidentemente, algunos elementos o condicionantes para la ejecución de estas medidas que deben ser aprobadas mediante cambios legales, laborales y de reducción de costes, necesarios para impulsar el desarrollo y facilitar la consecución de las metas propuestas. Así pues, estas ideas configuran un buen y ambicioso plan cuya ejecución requiere de la participación activa, legal y administrativa, de los órganos competentes, pues no basta, para crear el empleo citado, que funcione la economía en su ciclo ordinario sino que necesita adicionar el efecto estructural del ciclo con las medidas expuestas, con su aplicación íntegra e inmediata.
El estudio parte del análisis de la crisis económica vivida desde 2007 cuya causa esencial fue el excesivo peso del sector de la construcción, con la consecuencia de los balances financieros sobreexpuestos a esta actividad y el sobreendeudamiento interno y externo. La burbuja inmobiliaria llevó a nuestra economía al colapso de muchas Cajas de Ahorro que han tenido que ser rescatadas, reestructuradas y todavía, hoy, se arrastra el problema del sobreendeudamiento familiar y empresarial.
Pero no debe perderse de vista que España, a pesar de todos los males, ha creado más de 2 Millones de puestos de trabajo desde la introducción del Euro, y ha crecido su población activa en más de 5 millones de personas entre los años 2000-2013 atraídas por la burbuja citada del sector de la construcción, lo que ha dado lugar, tras el colapso constructor, a que el paro tenga la desorbitada tasa de casi el 25% de la población activa. Pues bien, es necesario centrarse en el crecimiento económico para crear empleo y el informe se propone como objetivo reducir el paro 10 puntos entre 2015 y 2018, es decir, crear 2,3 millones de puestos de trabajo; evidentemente, si esto se realiza en el calendario citado, el crecimiento económico producirá un doble efecto adicional positivo: el aumento de los ingresos públicos, que aliviará el déficit presupuestario, y la reducción del gasto destinado a subsidios de desempleo, cuya partida ya se está reduciendo en 2014.
Las medidas que propone el informe de estas empresas, se concretan en tres ámbitos y, aunque a veces parece algo utópico, sería magnífico que recibiera el apoyo inmediato para su ejecución. No basta sólo hablar o escribir, hay que ejecutar. Las propuestas son:
1º.- Reforzamiento de la estructura empresarial. se trata de aumentar el tamaño de las empresas para que alcancen el nivel medio europeo de más de 50 empleados, así como la mejora de la competitividad mediante la reducción de costes de las empresas, que incluye desde los de suministro energético hasta de las cotizaciones sociales. Los cálculos de creación de empleo derivados de estas dos acciones serían de más de 400.000 empleos por el primer objetivo y hasta 7o0.000 en conjunto.
2º.- Medidas para acelerar la inversión y el desarrollo en sectores claves, que, dicen, podría ayudar a crear 1,6 millones de empleos netos. La propuesta alude al desarrollo de la economía del conocimiento, entorno digital, energía, infraestructuras y sistema financiero, y proporcionar un sistema y modelo de educación adaptado a las necesidades de las empresas y del entorno.
3º.- Actuaciones en el marco institucional. España necesita seguir ganando confianza internacional por lo cual es imprescindible cumplir los compromisos fiscales para reducir el déficit público, equilibrar el gasto público a los ingresos, y frenar el crecimiento de la deuda pública. Cita el informe la necesidad de avanzar en la lucha contra el fraude laboral y en la reestructuración de las Administraciones Públicas para favorecer la simplicidad, homogeneidad, eficiencia y transparencia de la gestión pública; y también recuerda que conviene aprovechar las economías de escala que conlleva la reducción del número de Municipios que habrían de utilizar el método de externalización de servicios para hacer una gestión más eficiente de los recursos disponibles.
CONCLUSIÓN: El informe publicado en noviembre de 2014 por el Consejo Empresarial para la Competitividad afirma que la economía española va en el buen camino, pero que debe hacer un gran esfuerzo para reducir el desempleo; para ello propone ideas para crear 2,3 millones de puestos de trabajo, entre 2015-2018, insistiendo en la necesidad de facilitar el aumento de la inversión y el desarrollo en las nuevas áreas de conocimiento, para lo cual es imprescindible realizar, de inmediato, reformas económicas estructurales y legales que enumera. Un buen plan que precisa del apoyo de un buen gobierno.
