Ni una semana sin nuevas chapuzas políticas del Gobierno Frankenstein, aunque muchas veces son más de una. La palma se la lleva el Decreto Ley sobre plusvalías urbanísticas de la doctora María Jesús Montero, inverosímil ministra de Hacienda. ¿Se imagina alguien a un economista efectuando intervenciones quirúrgicas?
Tras la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló el sistema anterior, la Montero apenas si tardó unos días en anunciar una nueva norma, pero establecer un impuesto mediante un Decreto Ley es tan dudoso que la norma podría volver a ser tumbada por el Constitucional, con el consiguiente lio.
Da la impresión de que al doctor Frankenstein y su panda les trae sin cuidado la legalidad. El Tribunal Constitucional ha invalidado los dos Estados de Alarma y la paralización del Congreso de los Diputados con la excusa de la pandemia, pero el presidente Sánchez ha declarado que lo volvería a hacer. Con ello abre la veda a cualquier actuación contraria al Estado de Derecho, como ocurre a menudo en Cataluña. La Generalidad ha multiplicado el presupuesto de su inútil acción exterior, declarada ilegal por los tribunales, y prevé aumentar la plantilla de la autonomía con 29.000 nuevas plazas, en plena crisis económica.
Algunas veces, por lo menos, la realidad se impone. La vicepresidenta de Transición Energética, señora Ribera, ha anunciado la renuncia a establecer un nuevo impuesto sobre el gasóleo, que como el resto de combustibles ha experimentado un importante alza de precios durante los últimos meses. La vicepresidenta todavía no ha descubierto la piedra de toque de su “Transición”, aunque el presidente francés Macron ya ha señalado el camino: construir nuevas centrales nucleares. Lo de las renovables es insuficiente y además carísimo.
Otras chapuzas vienen de fuera. Una burocracia europea tan autoritaria como ignorante establece planes para la prohibición en la próxima década de los motores de combustión interna. Pueden apostar ustedes a que se la comerán con patatas. Los motores de gasolina o diesel son mucho más eficientes, tienen perspectivas de mejora y su balance final es que contaminan menos que los eléctricos, los cuales tienen mucha menor vida útil -por desgaste de las baterías- y además no hay minerales suficientes para atender la creciente demanda mundial.
Es como si una ola de tontería se haya generalizado en muchas partes, aunque en pocos sitios como en la España de Frankenstein. Entre las últimas aportaciones destacan las relativas a menores inmigrantes -los “Menas”- y la seguridad ciudadana. Se pretende asegurar a los “menas” derecho a residencia y trabajo cuando sean mayores de edad, lo que generará un efecto llamada muy superior al actual. Entrar ilegalmente en España no sólo no tendrá consecuencias, sino que asegurará manutención por un número de años, a los que seguirá la obtención de derechos. Ni al que asó la manteca se le ocurriría algo parecido.
Los cambios anunciados en la Ley de Seguridad Ciudadana van por el mismo camino. Van destinados a favorecer las manifestaciones no comunicadas y las conductas enfrentadas a la autoridad, es decir, a las fuerzas policiales. Si se aprueban harán inevitables las confrontaciones entre manifestantes de causas opuestas, así como el desbordamiento de las fuerzas del orden. Es lógico que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil hayan puesto el grito en el cielo. Serian quienes pagasen una legislación absurda, destinada a beneficiar a los revoltosos.
En uno y otro caso, son anuncios que buscan ocultar los grandes problemas: los peores datos de Europa en paro y desempleo juvenil, una débil recuperación económica, inflación descontrolada… Para eso los Frankenstein no tienen respuestas
