La Confederación General de Trabajadores (CGT) se ha mostrado muy crítico ante el anuncio realizado por la Delegación del Gobierno para no publicar las nuevas listas de los Planes de Empleo hasta que se analice el alcance de las sentencias judiciales que aceptan las denuncias de este sindicato por no aplicar a estos trabajadores el IV Convenio del personal laboral de la Administración General del Estado (AGE) y que impidió a estos empleados cobrar la misma cantidad que el personal público.
Que se quiera culpar a CGT de la paralización de la publicación de las listas de los planes de empleo que aún están pendientes por parte del SEPE supone un General “triple salto mortal con tirabuzón” para intentar ocultar su incompetencia y desprecio hacia miles de personas que dependen de estos contratos para su subsistencia.
Poco o, mejor dicho, nada hay que estudiar la situación provocada por quienes han venido abusando de su posición para discriminar literalmente a las personas contratadas en los planes de empleo al no aplicarles el IV Convenio del personal laboral de la AGE. Se trata simplemente de que se firmen los contratos y se empiece a trabajar sin que se aplique el latrocinio que se ha venido produciendo en los últimos años y se respeten los derechos sociolaborales y económicos previstos en ese convenio, sin distinción alguna por el tipo de contrato.
La miserable excusa de Sabrina Moh y su equipo tras un retraso injustificable y sospechoso en el inicio de los planes de empleo 23/24, solo achacable a su nefasta gestión y a su falta de empatía, especialmente con las mujeres y personas racializadas que componen el grueso de las adjudicatarias de los contratos pendientes de los planes de empleo, no puede servir para culpar “al mensajero” de los atracos que han venido realizando a miles de melillenses cuando únicamente se trata de cumplir la ley y la Constitución española.
Vergüenza que la máxima representante del Gobierno de España en Melilla sea firmante de miles de contratos que el juzgado ha determinado como atentatorios contra el art 14 de la Constitución al no garantizar el derecho a la igualdad y no discriminación, siendo impresentable que a día de hoy siga ostentando ese cargo y no haya sido cesada o dimitido de motu propio.
La catadura moral de la delegada del Gobierno es tan mínimamente demostrable como una justificación razonable en la que, a punto de concluir el curso escolar, las personas que deben ser contratadas en actividades educativas aún no lo hayan sido y ahora se quiera culpar a CGT y a unas sentencias que evidencian su mal hacer, para intentar justificar lo que no tiene justificación.
Sra. delegada váyase, deje tranquila a la ciudadanía melillense y antes de irse dé instrucciones para pagar lo que se ha detraído de las nóminas a miles de personas, haga cumplir el IV convenio de la AGE y cese de incumplir la constitución, está siendo de los peores ejemplos políticos en esta Ciudad Autónoma. Además, si le quedase algo de dignidad, no recurriría como delegada del Gobierno de España en Melilla unas sentencias que solo dan fe de una gestión deplorable por su parte, para no retrasar por más tiempo el resarcimiento económico a las personas afectadas por los planes de empleo de la Delegación del Gobierno de unas cuantías que nunca les debieron dejar de ingresar por su trabajo, en igualdad de condiciones que al personal laboral.
Siendo mucho más grave el resultado de prácticas similares por parte de la Ciudad autónoma con la colaboración de UGT, CSIF y CCOO Vd. está consiguiendo ser el polo de atracción y eclipsándolo con tanta excusa vana. Lamentable.
CGT solicita públicamente que se pongan en marcha inmediatamente todos los contratos del plan de empleo 23/24 de la Delegación del Gobierno, que se les respete el IV Convenio AGE para evitar nuevos procesos judiciales y que no se recurran las sentencias del juzgado de lo social para que ganen firmeza y se apliquen con celeridad abonando lo adeudado a miles de personas, solo así se demostraría que se está por la labor de poner fin a unas tropelías que nunca debieron existir en Melilla de la mano de la máxima responsable del estado en la ciudad autónoma.
