El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha presentado un recurso de apelación en el Tribunal Supremo (TS) reclamando que le deje en libertad de forma «inmediata» alegando que no hay «indicios suficientes» sino una «causa general» en su contra, tres días después de que el instructor del ‘caso Koldo’ en el TS, Leopoldo Puente, le enviara a prisión provisional al considerarle el presunto cabecilla de una trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública.
En el recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de Cerdán sostiene que se trata de «una prisión provisional adoptada sin indicios de criminalidad suficientes» y, por tanto, «incompatible con la presunción de inocencia».
Denuncia que «la apreciación del instructor es en todo momento contra reo», acusándole de asumir el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil contra Cerdán de forma «acrítica». «La perspectiva asumida en todo momento por el órgano jurisdiccional es netamente inquisitiva», dice.
En consecuencia, declara que «no hay duda que estamos ante una causa general» contra Cerdán con el supuesto objetivo de «investigar ‘para ver si’ finalmente aparece un indicio sólido».
Incide además en la teoría de que es víctima de una persecución política: «Consta acreditado el interés de los partidos políticos PP, VOX y UPN en la acusación y prisión provisional de mi representado».
Además, esgrime que, «en una investigación de varios meses de ejecución, en la que ya se han adoptado decisiones relativas a entradas y registros y solicitud de documentación», «no se puede justificar en este momento una decisión de prisión provisional» para proteger las pesquisas.
A este respecto, rechaza que Cerdán fuera «el encargado de repartir el botín», resaltando que «no consta comunicación alguna» entre él y las constructoras señaladas «ni tampoco la existencia de pagos, reclamaciones, cobros o transmisión alguna de activos» con dichas adjudicatarias.
En la misma línea, recrimina que el cálculo que hace Puente de que, si el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y su entonces asesor Koldo García se llevaron un millón de euros en presuntas mordidas, el «botín» total alcanzaría al menos los 5 millones, es «mera creatividad judicial».
Por otro lado, pone el acento en que Cerdán declaró, a diferencia de otros investigados, y ha sido «transparente» al aportar su declaración de bienes. Por ello, se plantea, ante el «antecedente» del presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, «si alguien puede haber solicitado la medida de prisión provisional a la espera de provocar una confesión», «una finalidad radicalmente ilegítima» por cuanto estaría próxima a la «tortura indagatoria».
Defiende su «interés» en las obras
Sobre los supuestos amaños, insiste en que ejercía de «interlocutor entre el partido y el Gobierno», de ahí su «interés por varias obras en los meses y semanas anteriores a la campaña electoral, por la necesidad de desencallar algunas obras paralizadas».
Asegura que el magistrado entendió mal la explicación que dio Cerdán en sede judicial porque en su auto indica que «la obra pública no había perseguido el interés de la ciudadanía sino los ‘beneficios electorales que la licitación o ejecución de aquéllas pudieran representar para su partido'».
«Cerdán explicó lo orgulloso que se sentía de haber conseguido reactivar las obras de la N-121A, una carretera en Navarra en la que morían cada año tres o cuatro personas y que desde la obra no ha fallecido nadie», replica la defensa.
También responde a la presunta actividad delictiva de Servinabar por dos adjudicaciones del Gobierno navarra: las obras de la Mina Muga en Sangüesa y del Pabellón de Navarra Arena.
Respecto a la Mina Muga, dice que «no consta que se haya llegado a dar autorización o adjudicación alguna por parte de la administración», sino «gestiones empresariales realizadas en 2015». En cuanto al Navarra Arena, precisa que la adjudicación fue en 2017, cuando Cerdán «no ostentaba cargo alguno en la administración pública» y el PSOE estaba en la oposición, por lo que alega que «difícilmente podía influir o intervenir en dichos procesos».
Alude asimismo a la obra del túnel de Belate, porque «se ha hablado insistentemente» de ella. No obstante, afirma que no solo no aparece en la resolución judicial por la que se imputó a Cerdán sino que en otra dictada posteriormente el propio magistrado dijo que esas obras «no son en este momento objeto de las actuaciones».
Puntualiza igualmente que, aunque el magistrado señala que Servinabar resultó adjudicataria de ciertas obras públicas actuando en UTE con Acciona, ninguna de dichas UTEs aparece investigada en sus resoluciones, sino adjudicaciones a Acciona en solitario o en UTE con Ferrovial, Tecade o Aguaterra.
«Es por ello que no llega a comprenderse como el relato indiciario se construye a partir de la pretendida relación directa de Cerdán con Servinabar si dicha empresa tampoco aparece relacionada con las adjudicaciones investigadas», aduce.
En todo caso, reprocha que es «la lógica inquisitiva» la que lleva a Puente a la conclusión de que Cerdán disponía de «cierta capacidad de administración» de Servinabar, a pesar de que «la UCO y el magistrado aceptan que ni el Registro Mercantil ni tampoco en ninguna de las declaraciones administrativas o fiscales de dicha sociedad aparece rastro de Cerdán».
La defensa vuelve a combatir el contrato privado encontrado en casa del administrador único de Servinabar, Antxón Alonso, que refleja que en 2016 le vendió al ex ‘número tres’ del PSOE el 45% de Servinabar. Insiste en que, como no se elevó a escritura pública, solo tiene efectos entre las partes y éstas «lo dejaron sin efecto», como expuso Cerdán en su declaración como imputado.
El recurso se refiere asimismo al indicio apreciado por Puente en el hecho de que, después de que Ábalos fuera nombrado ministro de Transportes, Cerdán hiciera «sugerencias o indicaciones, aconsejando o desaconsejando determinados nombramientos de altos cargos en su ministerio».
Responde que el hecho de que un miembro de la ejecutiva federal del PSOE, como era Cerdán entonces, participara «en la configuración de la estructura superior de una administración pública, después de un proceso electoral», es una «práctica habitual», si bien recalca que no llegó a «proponer nadie en concreto».
Insiste en la tesis de Koldo como «colaborador policial»
Por último, la defensa hace hincapié en que las grabaciones realizadas por el ex asesor ministerial Koldo García entre 2019 y 2023, que constituyen uno de los principales indicios contra Cerdán, plantean «una importante duda».
Parte subrayando que en el acta del registro de la casa de Koldo, donde se encontraron, se describen los dispositivos electrónicos en los que estarían almacenados pero «no consta ni diligencia de clonado, ni de volcado, ni de apertura en sede judicial de dichos audios»; a lo que anuda que «los metadatos del audio 3 no coinciden y que el audio 8 ha necesitado ser limpiado»; y que antes de entrar en la causa judicial ya estaban circulando en la prensa.
A estas «insuficientes garantías de custodia», suma el «papel claramente misterioso» de Koldo, al que describe como provocador del delito en las conversaciones grabadas, recordando que «es público y notorio que ha sido colaborador habitual de la Guardia Civil, en la lucha antiterrorista, incluso condecorado en 2018».
«Nos parece que unos audios realizados y preservados de forma fragmentaria durante años por un posible colaborador policial que acaba como coinvestigado no son la mejor prueba garantista, objetiva e independiente para utilizar para acordar una prisión provisional en un proceso penal democrático», reivindica.
