Aprovechando que el 6 de septiembre, con la solemnidad propia del evento, se ha celebrado el acto Apertura del Año Judicial, quisiera dirigirme a los medios de comunicación de Melilla para, en mi condición de Juez Decano de la ciudad, recordar a los ciudadanos las peticiones que, en materia de Justicia, venimos reclamando desde hace años los jueces, ya sea reunidos en juntas, ya sea a través de nuestros Decanos, ya sea a través de las asociaciones judiciales u otras plataformas colectivas, reclamaciones en las que coinciden, por cierto, no pocos juristas, periodistas y analistas.
Aunque alguna de estas peticiones han sido recogidas por el reciente pacto de investidura del Partido Popular con Ciudadanos, otras, igualmente esenciales, no han sido reflejadas en el mismo. Las medidas que reclamamos, además, deberían de acogerse en un gran Pacto de Estado por la Justicia que implique a todos los partidos políticos, y no sólo a algunos de ellos. Con ello, además de garantizar la estabilidad de resultados, la clase política demostraría que de verdad tiene interés en mejorar la Justicia, un servicio esencial para el ciudadano, fundamental para la lucha contra la corrupción, y capital para el funcionamiento económico del país y su calificación como Estado "Democrático" y "de Derecho".
1) Despolitización e independencia del poder judicial, separación de poderes.
Para ello debe modificarse el sistema de elección de los 12 vocales judiciales de los 20 que conforman el Consejo General del Poder Judicial, y así, retomando el espíritu del diseño constitucional, alejar a los partidos políticos de la elección de la cúpula judicial y, por tanto, de la elección de los jueces que los juzgan y que enjuician los más importantes casos del país, permitiendo así mismo a los jueces españoles intervenir en la elección del que es SU órgano de gobierno. Esto mismo lo dice el Consejo de Europa a través del Consejo Consultivo de Jueces Europeos y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, nada menos.
En esta misma línea, debe suprimirse la figura del juez del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma correspondiente nombrado a propuesta de los parlamentarios autonómicos a los que dicho Tribunal juzga, en lo que es una contaminación evidente.
En general, debe modificarse el sistema de elección de los altos cargos judiciales, objetivizando dicha elección mediante criterios como la antigüedad y otros contrastables que tengan como meta evaluar el mérito y la capacidad, dejando poco o ningún margen a la arbitrariedad y permitiendo la intervención de los jueces, sus iguales, en dicha elección (democratización interna).
Debe darse marcha atrás en la reforma legal de septiembre de 2011 que permite pasar de la justicia a la política y vuelta a la justicia sin ningún coste. Hay que modificar la regulación de los indultos (vigente desde 1870), y ello en el sentido de que los mismos deberían motivarse, contar con informe favorable del tribunal sentenciador y excluirse de supuestos tales como los delitos de corrupción.
Hay que garantizar la independencia económica del poder judicial para que no dependa del poder ejecutivo en cuestiones tan esenciales como pagar a los jueces, proveer sustituciones, refuerzos, crear plazas judiciales, etc., eliminando un instrumento teórico de presión y control sobre la judicatura española.
2) Reformas procesales reales, y no meramente aparentes (como lo de cambiar el término de "imputado" por "investigado"), para que los procesos judiciales se acorten en tiempos (que no en garantías), eliminando trámites y recursos ahí donde su acumulación lo único que ha ocasionado es un retraso en la respuesta que los tribunales dan a los ciudadanos, por ejemplo, en la instrucción penal.
Pero también mejorando la ley de protección de testigos, regulando la acusación popular para evitar abusos y legislando sobre las medidas cautelares civiles en el proceso penal.
En línea con esto, y dado que en España existe una elevadísima judicialización de los problemas (todo acaba en los tribunales), hay que apostar decididamente por medios alternativos de solución de conflictos tales como la mediación, aún insuficientemente dotada legal y presupuestariamente.
3) Mayor y más racional inversión en medios humanos y materiales.
España sigue a la cola europea en el número de jueces por habitantes, en cinco años no se ha creado ningún juzgado en toda España, gran parte de los edificios judiciales del país están anticuados, inadaptados e infradotados de medios, los jueces pagan de su bolsillo sus togas, puñetas, escudos y códigos de leyes, la provisionalidad del personal es la norma en muchos sitios, etc.
Pero además, lo que se invierte se hace sin criterio o a destiempo, de lo que es ejemplo que se haya gastado dinero público en hasta diez sistemas informáticos de gestión procesal, autonómicos e incompatibles entre sí, en vez de uno solo para toda España; o que lexnet o el expediente digital sean un quiero y no puedo en casi todo el territorio nacional, resultado de aunar una buena idea con una pésima ejecución y una inversión real pero manifiestamente insuficiente, con el consiguiente fracaso.
Además de las necesidades materiales que de todo esto se desprende (más jueces y más dinero para Justicia, en resumen), específicamente es de destacar la necesidad de crear un cuerpo forense de peritos económicos, de aumentar los efectivos policiales y, también, de crear más plazas de fiscales, todo ello con el fin de facilitar la investigación de los delitos de corrupción y de los delitos económicos (o de "cuello blanco"), para lo cual también es esencial aumentar la colaboración institucional con otros organismos.
Todas estas medidas, unas de coste cero, pero todas ellas exigidas para poder dar el salto cualitativo en materia de justicia que se debe al país desde la implantación de la democracia, las venimos reclamando los jueces desde hace años, incluso hubo dos huelgas de jueces para, simplemente, reclamar más medios, en 2008 y 2009. Pero tal vez sea ahora, dado el momento en que nos encontramos, cuando muchas de ellas cuentan con el respaldo de gran parte de la sociedad. Que no sea por no repetirlas, lo que, como decía, hago aprovechando que comienza la andadura de un nuevo año judicial.
Finalizar indicando que, como juez decano de la ciudad, tengo también el público deseo de que este curso judicial se solucionen los problemas que, en Melilla, acucian al sistema telemático de presentación de escritos y que sufren, sobre todo, abogados y procuradores y, por ende, los ciudadanos a los que éstos representan; de que el expediente digital reciba la planificación y la inversión económica que necesita para ser una realidad y no un mero hit veraniego; de que la sede judicial pueda crecer más allá de las Torres, en especial el servicio del registro civil; de que se reciban los refuerzos necesarios para acelerar la instrucción y de las causas complejas delictivas que nadan en nuestros juzgados; de que las plazas judiciales sigan tan excelentemente servidas como lo están a día de hoy.
Y sobre todo, de que el ciudadano de Melilla se sienta, dentro de un año, satisfecho con el trato recibido y la labor realizada por sus tribunales. Los jueces, y no me cabe duda que también los fiscales, los letrados de la administración y los funcionarios de justicia, haremos lo que esté en nuestra mano para que así sea.
