La defensora del Pueblo ve "oportuno" modificar la Ley de Extranjería, pero a día de hoy es "clara" como para asistir al inmigrante una vez pise suelo español. Las supuestas devoluciones irregulares (en el mar) o 'en caliente' (a pie de la valla de Melilla), copan parte del protagonismo del informe anual presentado ayer. En las casi 500 páginas, Becerril reitera su petición de retirada de la concertina en la valla, así como muestra su preocupación por la cantidad de menores que hay en el CETI, en el que apenas hay peticiones de asilo, por lo que tarda el proceso desde que se cambió la ley en 2009. Quejas por el funcionamiento en ‘La Purísima’ y las obras en la frontera de Beni Enzar también se reflejan en el informe. Melilla vuelve a copar buena parte de protagonismo del informe anual del defensor del Pueblo presentado ayer por Soledad Becerril en el Congreso. A lo largo de 2013, se formularon 53 quejas ante la institución desde esta ciudad y 47 recursos ante el Tribunal Constitución, estas cifras, en comparación con años anteriores y con el resto de regiones son escasas, pero no los folios que se dedican a inmigración y a la situación particular de Melilla. La defensora del Pueblo ya pidió en noviembre su retirada, y en el informe lo vuelve a hacer, mostrando su repulsa a la concertina en la valla. El informe recoge que se ha hecho una recomendación a Interior para la retirada de las cuchillas (se quitaron en 2005 a petición de la institución) de la que no se ha tenido respuesta.
La defensora del Pueblo ha considerado "oportuno" revisar la Ley de Extranjería después de una década en vigor. Así lo dijo al término de la presentación del informe ayer, pero no se pronunció sobre si esa ley tendría que contemplar las devoluciones en caliente. Sí que dijo que, a día de hoy, la ley es "clara y precisa" sobre el proceso que hay que seguir con los inmigrantes que llegan a España en situación irregular. Por ello, el informe también refleja la preocupación de la institución por las quejas presentadas por varias organizaciones sobre supuestas devoluciones irregulares de inmigrantes. "La supervisión de la actuación administrativa resulta especialmente compleja cuando los intentos de entrada se producen por mar, dada la necesidad de determinar si en el momento de ser interceptados los inmigrantes se encontraban en aguas jurisdiccionales españolas". El informe revela que "se han iniciado varias actuaciones referentes a las quejas respecto a supuestas devoluciones irregulares de inmigrantes interceptados por la Guardia Civil en las inmediaciones del perímetro fronterizo".
Becerril reivindicó ayer la necesidad de un protocolo de actuación para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sepan qué hacer ante la inmigración irregular. Sobre la actuación en Ceuta, la defensora cree que "no fue prudente" el uso de pelotas de goma en el mar en la frontera de la ciudad caballa contra los inmigrantes que pretendían llegar a la costa a nado.
CETI
El CETI tenía a principios del pasado año 973 internos, como recoge el informe, una cifra que hoy supera los mil. Además de la saturación del centro y la llamada de atención por un tiempo medio de estancia "muy elevado", el defensor del Pueblo muestra especial preocupación por los menores que en el residen, considerando que el CETI no está adaptado para ellos. Soledad Becerril reconoce el esfuerzo de los programas de acogida humanitaria a la península que han permitido a lo largo de 2013 descongestionar el centro, pero cree necesario revisar los criterios establecidos para la elección de los que se benefician, teniendo que primar una situación de especial vulnerabilidad: unidades familiares con menores a su cargo y las personas con necesidades de protección internacional. De la misma forma, el defensor del Pueblo reitera la necesidad de elaborar un plan específico de prevención y detección de víctimas de trata.
Asilo
La defensora del Pueblo también hace una llamada de atención en su informe sobre la lentitud del proceso para pedir asilo, motivo, cree, por el que apenas es solicitado. En concreto, en Melilla, tan sólo un 2,20% de los residentes en el CETI solicitaron asilo en 2012 (33 personas sobre un total de 2.186). El descenso desde 2009 de las peticiones de asilo coincide con la entrada en vigor de la nueva ley. En los años anteriores, las solicitudes de protección internacional en el CETI rondaban el 20%; en 2010 suponían el 10,87%; en 2011, sólo un 3,20% pidió asilo; y en 2012, el 2,20%. Esta tendencia se confirma en el año 2013, en los ocho primeros meses del pasado año tan solo 17 personas de las 1.682 que habían pasado por el centro habían formalizado su solicitud de protección internacional. Mientras tanto, el número de personas nacionales de países respecto de los que ACNUR ha realizado llamamientos para la no devolución de sus nacionales no ha dejado de crecer en ambas ciudades autónomas. A modo de ejemplo, a 29 de agosto de 2013, el CETI de Melilla tenía 202 malienses y ninguno de ellos había formulado solicitud de protección internacional, y tan solo dos de los 13 ciudadanos sirios lo habían hecho. "El único motivo por el que se niegan a solicitarlo se refiere a la constatación del dilatado período de tiempo que han de permanecer allí antes de ver reconocida su condición de refugiados".
Menores no acompañados
En cuanto a los MENA, el defensor del Pueblo insiste en que la forma de determinar la edad no es fiable. "El Protocolo Marco de Menores Extranjeros No acompañados, previsto en el artículo 190.2 del Reglamento de Extranjería, continúa sin ver la luz". Según el informe, la inexistencia de este protocolo continúa provocando deficiencias y falta de coordinación entre los organismos intervinientes en los procedimientos de determinación de la edad. A lo largo de 2013 también continuaron las quejas respecto al cese de tutela de los menores no acompañados por el abandono, voluntario o por otro tupo de causas, del centro de protección en el que residían. El Código Civil dispone el cese únicamente por causas tasadas, entre las que no se incluye dicha ausencia, por lo que se ha dado traslado al Ministerio Fiscal. Cabe recordar el caso de dos menores de la Purísima que aparecieron en Nador y que el informe del pasado año ya reflejaba. El caso fue sobreseído, pero ha sido reabierto.
La situación documental de los menores que han alcanzado su mayoría de edad tras ser tutelados por la Administración, continúa siendo objeto de preocupación para la Institución. A la vista de las quejas recibidas, se comprueba que determinadas delegaciones del Gobierno continúan extinguiendo las autorizaciones de residencia concedidas, al cumplir su mayoría de edad, según el informe del Defensor del Pueblo. "Esta Institución ha reiterado lo erróneo de dicha práctica, a tenor de lo previsto en el Real Decreto 557/2011, que dispone la renovación de estas autorizaciones una vez concluida su vigencia, previo cumplimiento de los requisitos fijados. Sobre este asunto, se ha efectuado una sugerencia a la Delegación del Gobierno en Melilla, que no ha sido estimada, por lo que se ha dado traslado del citado caso, junto con otros con contenido similar, a la Secretaría General de Inmigración y Emigración y a la Fiscalía General del Estado, solicitando la posición de dichos organismos sobre el particular".
Respecto al centro de menores 'La Purísima', según el informe, no reúne las características para ser considerado un recurso de acogimiento residencial de larga duración, reiterando la necesidad de habilitar recursos específicos para mayores de 16 años. Además, se constata un "empeoramiento" en las condiciones de escolarización de los menores y la falta de actividades formativas para los menores que no están en edad de escolarización obligatoria.
Obras en Beni Enzar
El informe también habla de las obras necesarias en la frontera, que "no reúne los requisitos mínimos" para gestionar el elevado tránsito diario de personas y vehículos. Pero, mientras estas arrancan, Becerril solicita "medidas urgentes de mejora", ya que la Policía presta servicio en "deficientes condiciones".
