La Semana. MH, 25/07/2023
Por: J.B.
Desastre electoral
El domingo por la noche se consumó una nueva catástrofe para España y los españoles. Tras la pandemia y la guerra de Ucrania, sólo nos faltaba, para obtener la cuadratura del círculo, que se diese un resultado electoral como el que depararon las urnas en las elecciones generales celebradas el pasado 23 de julio. El resultado (PP 136 diputados, PSOE 122 diputados, Vox 33 diputados y Sumar 31 diputados, etc.) deja todo como estaba, pero aún peor: Ahora Sánchez necesita imperiosamente, además de los apoyos de los socios que le mantenían hasta ahora (Bildu, Ezquerra, PNV y Sumar), al partido del fugado Puigdemont (Junts).
Solo parece haber, tras las elecciones, dos opciones (ambas malas): 1) Pacto de Sánchez con Sumar, Ezquerra, nacionalistas vascos, proetarras y el partido de Puigdemont (Junts); 2) Repetición de elecciones en diciembre.
El cambio que se esperaba deberá esperar. A cambio, nos encontramos con un espectáculo dantesco en el que todos ganan y todos pierden, me explico: El PP gana las elecciones (con un claro avance sobre las anteriores generales) pero se queda en tierra de nadie y sin posibilidades reales de gobernar (salvo que, algo muy improbable, el PNV pacte con Feijóo, con la abstención de Vox, un apoyo con peticiones/exigencias asumibles por el líder del PP); El PSOE se siente ganador (basta con ver cómo celebró su «derrota» Pinocho Sánchez desde el balcón de la sede de Ferra), pese a haberse quedado a 14 escaños del PP y se aferra a un Puigdemont que les pedirá el oro y el moro (indultos y autodeterminación, para empezar); Vox, que gana el tercer puesto, se queda también en tierra de nadie y no consigue, como pretendía, ser la llave para que Feijóo, con sus previas condiciones, llegara a la Moncloa; Sumar se pega un batacazo (pierde 7 escaños respecto a sus siglas equiparables de las anteriores elecciones) pero están contentos por haber frenado a la derecha; los nacionalistas son los que más cerca se encuentran (salvo el PNV que sigue perdiendo terreno frente a los pro-etarras de Bildu) de estar satisfechos porque siguen siendo la llave del gobierno de Pinocho, pero pedirán mucho, y con garantías, a este para apoyar una hipotética investidura.
El cambio se ve ahora mismo bastante lejos y parece estar cerca, pese a que Feijóo va a intentar apurar sus escasas opciones de llegar a la Moncloa, la posibilidad de que por primera vez no gobierne la lista más votada en las elecciones generales. Yolanda Díaz (Sumar) ya se ha apresurado a enviar a una persona de su confianza para intentar convencer al prófugo Puigdemont para que apoye a Sánchez. Conociendo al personaje (Pinocho), que es capaz de todo para conservar el sillón, los españoles podemos encontrarnos con que un fugado que quiere desmembrar España sea el que mande en las decisiones del futuro gobierno.
Conociendo al personaje (Pinocho), que es capaz de todo para conservar el sillón, los españoles podemos encontrarnos con que un fugado que quiere desmembrar España sea el que mande en las decisiones del futuro gobierno.
El cambio en política debería ser obligatorio porque los políticos tienen una tendencia muy acusada a “levitar” cuando llevan mucho tiempo en el poder y pasan de pensar que están allí para “servir por decisión de los ciudadanos” a creerse ungidos por la sabiduría divina e inmunes a la opinión pública y a la de los ciudadanos. Debería estar prohibido, por higiene democrática, que un candidato, de cualquier partido, repitiera más de dos legislaturas seguidas (8 años son un tiempo más que suficiente para hacer, o no hacer si se es inútil, muchas cosas).
El cambio en política debería ser obligatorio porque los políticos tienen una tendencia muy acusada a “levitar” cuando llevan mucho tiempo en el poder
Sánchez (dejo fuera su apelativo más conocido, por ser redundante, como el agua mojada), que (aunque no lo tendrá fácil) aspira a seguir en el sillón, ha sido un pésimo administrador de nuestras vidas y bienes. Ha consentido que el castellano haya retrocedido en varias zonas de España, ha dado alas a los nacionalistas, se ha gastado (para conseguir votos) lo que no tenemos para endeudarnos, nos ha hecho más pobres y podría ser comparado con un mal padre de familia que da todos los caprichos/peticiones a sus hijos y luego no puede pagarlos y les deja una deuda: “ahí os la dejo”.
Solo por lo anterior era necesario un cambio. Hacía falta aire fresco y acabar con una política basada en buscar enemigos en todo lo que no coincide con nuestras ideas/intenciones/leyes. De momento (veremos si ocurre en diciembre o hay que seguir esperando) el cambio está en stand-bye.
Cuentan los mayores
En la Campaña de la Renta, el Supremo establece, en una reciente sentencia, que no es posible para Hacienda hacer diferencias con los adultos mayores.
El recurso presentado por la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) contra la Orden de Hacienda referente al Modelo de declaración del IRPF y Patrimonio de 2018 ha sido estimado por el Tribunal Supremo (TS), lo cual ha llevado a la anulación de la obligación de presentar la declaración de la Renta por medios electrónicos. De este modo, la Campaña de la Renta de 2022, que finalizó el pasado 30 de junio, debería ser la última en la que se discrimine a las personas mayores al exigirles la presentación exclusivamente electrónica.
Enfatiza la resolución que la Ley General Tributaria (LGT) reconoce la opción, no la exigencia, de los ciudadanos de emplear los medios electrónicos, además del compromiso de la Administración de impulsar su utilización.
La Campaña de la Renta de 2022, que finalizó el pasado 30 de junio, debería ser la última en la que se discrimine a las personas mayores al exigirles la presentación exclusivamente electrónica.
Según los jueces, la Administración puede llevar a cabo acciones que promuevan y faciliten la consecución de un objetivo específico, en este caso el uso de técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos, pero no puede imponer su utilización obligatoria a los ciudadanos, quienes son contribuyentes obligados y tienen el derecho, según el artículo 96.2 de la LGT, de relacionarse con la Administración y hacerlo con las garantías necesarias a través de técnicas y medios electrónicos, informáticos o telemáticos, pero no tienen la obligación de hacerlo, no al menos como resultado de esta normativa, cuyo significado como principio general del ordenamiento tributario es evidente.
No puede entenderse que la autorización legal contemplada en la normativa del impuesto sobre la renta «permita al titular del Ministerio de Hacienda establecer una obligación de manera general allí donde el artículo 96.2 de la legislación garantiza un derecho». Precisamente eso es lo que hace la Orden HAC/277/2019, cuestionada.
La Agencia Tributaria no es indiferente, o no lo debería ser, a los derechos de los ciudadanos y contribuyentes, y debe cumplir con la legislación, al igual que el resto de autoridades.
El auto del TS hizo referencia al movimiento que se ha creado en contra de la exclusión de los mayores en la atención de los bancos: «Es relevante añadir que el asunto que plantea este recurso está relacionado con el problema de la llamada «brecha digital» y una campaña reciente, en la que se resaltó la necesidad de mantener la atención presencial en el sector bancario, no es viable que la actividad en este ámbito excluya a las personas que no pueden -o no quieren- utilizar los servicios electrónicos».
Que te obliguen, sobre todo si vienes de una generación en la que no había ni móviles ni internet, a presentarlo todo de forma electrónica es comparable a que se le exija a una embarazada que sigua trabajando hasta que dé a luz.
El problema de fondo es que hay muchos funcionarios mal acostumbrados que están muy cómodos con el trabajo on-line. Se ha perdido, en casi todas las administraciones públicas (también en algunas privadas, como los bancos, se ha reducido de forma considerable) la gestión presencial y es algo que urge recobrar para no perderse en gestiones on-line farragosas y mal explicadas que desesperan a los ciudadanos, especialmente a los más mayores (pero no sólo a ellos). Encima se está dando un paso más y la ayuda telefónica de empresas privadas y públicas empieza a ser gestionada por robots que sacan de quicio a cualquiera.
Si todo tiene que hacerse on-line, es obligatorio, tanto en el sector público como en el privado, que haya personas que ayuden presencialmente o por vía telefónica (la opción de los chats tiene luces y sombras) a los que tienen dificultades. Mientras no sean servicios con suficiente personal, la sentencia del TS debe permitir, al que lo desee, relacionarse con la Administración de forma no on-line.
