Residenciar en Moncloa a los guardianes de la verdad nos remite a la torpeza más que a la tiranía. No puede ser más torpe quien habla de "respuestas políticas" como antídoto en un problema de seguridad nacional. Solo a un genio asintomático se le puede haber ocurrido atribuir al Gobierno la exclusiva de identificar las mentiras en los vastos circuitos de la información nacional e internacional.
Pero ha ocurrido. Una iniciativa que lleva al BOE el control del poder sobre los medios de comunicación. La democracia al revés. El mensaje no puede ser más aberrante. Y el chaparrón de críticas no se ha hecho esperar. Con acusaciones de grueso calibre. A saber: deriva autoritaria, ataque a la democracia, maniobra liberticida, abuso de poder, etc. Así los equipos de Pedro Sánchez han regalado a sus adversarios políticos y los finos analistas la oportunidad de poderse estupendos en defensa de las libertades. Y vive Dios que la están aprovechando.
De nuevo el Gobierno se mete en un charco innecesariamente. Insisto: por torpe, no por autoritario. Son confusas, inconsistentes y ambiguas sus explicaciones sobre el deber de prevenirse frente a "injerencias extranjeras en los procesos electorales nacionales". Esa es la motivación original de inspiración europea, mirando a Rusia, a raíz de lo ocurrido en el brexit, las presidenciales de EE.UU. que dieron el triunfo a Donald Trump en 2016 e incluso el proceso separatista en Cataluña.
Si solo se tratase de prevenir o curar el virus de la desinformación que viene del extranjero, se entendería el traslado de la tarea al Ministerio de Asuntos Exteriores. Y si se tratase sólo de proteger la seguridad nacional, se entendería el encargo al Ministerio de Defensa. O a ambos a la vez. Pero no a la Secretaría de Estado de Comunicación o al Gabinete del presidente del Gobierno, que son dos órganos sumergidos hasta las cejas en nuestra desquiciada política doméstica.
La tarea sería propia del CNI, el servicio exterior (la diplomacia) o la defensa de la marca España. No de Iván Redondo y Miguel Ángel Oliver, coordinadores del comité permanente llamado a aplicar el procedimiento contra la desinformación, creado en el seno del Consejo de Seguridad Nacional.
En las explicaciones oficiales destinadas a garantizar la libre circulación de la información "veraz y diversa" sin desatender un riesgo para la seguridad nacional, ni siquiera se menciona la tutela judicial, el control parlamentario o la propia actuación de una Prensa libre. Sin embargo, son los resortes institucionales frente a eventuales tentaciones autoritarias del poder ejecutivo. Deberían servir de contrapeso al rasgado de vestiduras de quienes aprovechan la torpeza de Moncloa para calificar a Sánchez de enemigo de la democracia. Me parece un exceso.
