La Asociación de Tropa y Marinería Española urge al Ministerio de Defensa a incluir a asociaciones profesionales en el proceso de reconocimiento de la carrera militar como profesión de riesgo.
La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha realizado una solicitud formal al Ministerio de Defensa para la creación de una Comisión de Trabajo que permita abordar con transparencia el proceso de declaración de la carrera militar como profesión de riesgo. La ATME destaca la necesidad de incluir en este proceso a las asociaciones profesionales, subrayando su papel representativo del personal militar.
La asociación ha expresado su preocupación por la exclusión del personal que pertenece o ha pertenecido al régimen de Clases Pasivas, quienes, según ATME, podrían quedar al margen pese a asumir riesgos similares. Además, recalcan que el reconocimiento no debe limitarse al personal en servicio activo, sino también incluir a aquellos obligados a dejar las Fuerzas Armadas debido a la temporalidad de su contrato.
La inquietud se intensifica por la falta de convocatoria por parte del Ministerio de Defensa, mientras que la Secretaría de Estado de Seguridad ya ha iniciado reuniones con asociaciones del Consejo de la Guardia Civil para acordar el reconocimiento de la profesión de riesgo para el Instituto Armado y la Policía Nacional.
ATME insiste en que un proceso de esta envergadura requiere la participación activa de las asociaciones profesionales militares. Argumentan que estas pueden aportar observaciones esenciales para asegurar un resultado justo y coherente con la realidad del servicio militar. La transparencia y el diálogo institucional deben prevalecer sobre anuncios unilaterales.
La asociación también comunicó a otras organizaciones representadas en el Consejo de Personal la necesidad de impulsar esta solicitud de manera conjunta, aunque no encontró respaldo. ATME considera esencial que el Ministerio de Defensa asuma su responsabilidad de habilitar un canal oficial de participación.
ATME reafirma que una Comisión de Trabajo con participación de asociaciones profesionales permitiría un seguimiento real del proceso, asegurando que la voz del personal militar esté presente en todas las fases. Resaltan que la participación es una obligación institucional, no una concesión.
