Aspanies Plena Inclusión, se sumó ayer, desde Melilla a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo -600 según los convocantes-, procedentes de varias comunidades autónomas, que se manifestaron frente a la sede del Tribunal Constitucional al grito de «Queremos votar!», «Mi voto cuenta».
La protesta, organizada por el CERMI, Plena Inclusión y Down España, es consecuencia de la decisión del alto tribunal de no admitir a trámite un recurso de amparo interpuesto por la Fiscalía General del Estado que pedía que Mara, una joven gallega con discapacidad intelectual, pudiera votar. Esta situación afecta a unas cien mil personas en España cuyas sentencias de incapacidad les impiden ejercer el derecho de sufragio.
Detrás de varias pancartas con el lema ‘Por el derecho al voto de las personas con discapacidad’, los asistentes han pedido durante una hora la reforma de la Ley electoral para acabar con esta «discriminación», que es contraria además a la Convención Internacional de los Derechos de las personas con discapacidad, firmada por España hace diez años.
El presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, ha indicado que la interpretación que hace el Tribunal Supremo de la Constitución y de la Convención de la ONU, «priva» del derecho al voto, fundamental para la participación política. A su juicio, en esta Legislatura se tiene que cambiar la ley porque «no se puede consentir una infamia como la de tener a cien mil personas privadas de este derecho». Por eso, ha avisado de que los colectivos de discapacidad quieren «forzar» este asunto en la agenda política, pero también hacer una «llamada de atención» al Constitucional del que se sienten «desatendidos».
