Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu
Desde el comienzo de la presente legislatura, en enero del 2020, los esfuerzos del Gobierno por deslegitimar a la oposición en el desempeño de sus cometidos, han sido constantes. En pura teoría democrática, un Gobierno no sectario, es decir, con vocación de servicio a toda la nación, debería de ser sensible a la percepción sobre el curso que debe seguir nuestro país de los que no le han votado. Al fin y al cabo, nuestra nación no es alternativamente de unos o de otros, esto es, de los que alternativamente van obteniendo el respaldo mayoritario de un determinado grupo de ciudadanos, sino, permanentemente, de todos. A todos debería prestar, respetuosamente, atención el que ha sido elegido por una mayoría, por abultada que ésta pudiera ser, lo cual, por otra parte, no es el caso.
Sin embargo, el ejemplo proporcionado por este Gobierno es precisamente el contrario. Un día sí y otro también, se entrega con sorprendente e innegable dedicación a hacer oposición a la oposición. En la mayor parte de las ocasiones, de manera insultante y ofensiva. Tal pareciera como si prefiriera que la oposición no pudiera tener razón en nada, a que el conjunto de la sociedad pudiera verse beneficiado por el potencial impacto positivo que alguna de las propuestas de la oposición pudiera tener en sus vidas. Si sumamos a esto, que el Gobierno se esmera en vender un relato positivo de sus presuntos aciertos, con prioridad a que este relato se corresponda de alguna manera con la realidad, nos encontramos con un Gobierno que no es más que un productor de propaganda con escasa eficacia en la adopción de medidas válidas para hacer frente a los problemas que tenemos, que no son pocos ni de escasa entidad.
Esta semana hemos vuelto a ver una escandalosa manifestación de esta calamitosa manera de afrontar la realidad por parte del Gobierno.
Tras varios meses descalificando las propuestas del principal partido de la oposición en materia de impuestos, con el fin de aliviar la pesada carga de las familias españolas, especialmente las más vulnerables o de menor poder adquisitivo, como consecuencia de la disparada inflación, el Gobierno, en boca de su portavoz, la ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez García, se ha dedicado, en las dos últimas semanas, a descalificar a la oposición, acusándola de promover rebajas de impuestos sólo para los más ricos. Esto es, no sólo parcialmente falso, sino completamente opuesto a la realidad. Pero a ellos, a los miembros del Gobierno, les da absolutamente igual. Lo importante es vender el relato. Su relato. Cuando algunas autonomías presididas por miembros del Partido Socialista han adoptado medidas semejantes a las propuestas por el Partido Popular, o incluso más beneficiosas para economías familiares menos vulnerables, la misma Portavoz se ha limitado a pedir “un poco de responsabilidad”. Auténticamente patético e irrisorio, si no fuera por las consecuencias de inestabilidad que acarrea para el conjunto de los españoles.
Cuando el Comisario de Justicia de la Comisión Europea, el señor Didier Reynders, anunció su visita a España para tratar, entre otras cosas, de la renovación del órgano de Gobierno de los Jueces, el Consejo General del Poder Judicial, en funciones desde finales de 2018, la misma Portavoz del Gobierno manifestó que esperaba que al Partido Popular “se le cayera la cara de vergüenza”. Y es que el Gobierno sostiene la teoría de que, si este órgano del Poder Judicial se mantiene en funciones desde 2018, es por el bloqueo unilateral del principal Partido de la oposición.
Vienen a decir que si el Consejo no se renueva es porque el Partido Popular no se aviene al consenso. Una vez más, este Gobierno, practicante de un ejercicio sectario de sus atribuciones, confunde el consenso con la imposición. La renovación del Consejo General del Poder Judicial, por el momento, depende, en parte, del acuerdo mayoritario entre las principales fuerzas políticas que sean capaces de sumar tres quintos de los parlamentarios del Congreso de los Diputados. El Partido Popular, además, quiere ir más allá y reducir la dependencia de esta decisión del Poder Legislativo e incrementar la dependencia de la misma del Poder Judicial. Pero eso es independiente. Incluso con la norma actual, que el Partido Popular, propone cambiar, el acuerdo requiere negociación y cesión por los llamados a decidir, en este caso Partido Socialista (no el Gobierno, sino su Grupo Parlamentario con sus 120 diputados) y el Partido Popular (con sus 89 diputados). Y es ahí donde el Partido Socialista, como consecuencia de los acuerdos que mantiene con sus socios de Gobierno (Unidas Podemos), se encuentra incapacitado para hacer cesión alguna en la negociación y se limita a culpar al Partido Popular de bloquear una negociación que no es tal, sino una mera imposición.
Cuando ha trascendido que el Comisario se encuentra más próximo a las posiciones del Partido Popular que a las del Partido Socialista, ya no es a éste, al Partido Socialista al que, en palabras de la Portavoz, “se le tendría que caer la cara de vergüenza”, sino al Comisario por, aparentemente, tener cierta relación de proximidad con el Sr. González Pons, del Partido Popular. Lógica PSOE. Sectarismo en vena.
Si a ello sumamos la hilarante acusación del Presidente del Gobierno, dirigida hacia los dirigentes del Partido Popular, de, según él, actuar exclusivamente para favorecer a los ricos o a presuntos conspiradores de gafas oscuras que fuman puros en oscuros conciliábulos, alcanzamos la cumbre de la descalificación y la deslegitimación. Como si la generalidad de los políticos del PP, o incluso sus votantes o simpatizantes, perteneciesen a esa perversamente indefinida clase de lo que este Gobierno denomina como “ricos” o como “conspiradores de oscuros conciliábulos”. Este argumentario persigue, con escaso éxito, mantener amordazada a la oposición mediante el manipulador proceso de verter falsedades y enormidades varias sobre la reputación de los que, leal y laboriosamente, desempeñan el cometido de plantear una alternativa a este desgobierno en el interés del conjunto de los españoles. Así de simple.
