La asociación asegura que cuatro denunciantes se enfrentan ahora a un delito militar de deslealtad
La Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) ha celebrado que se haya producido el sobreseimiento definitivo de la causa por la que el Juzgado de Instrucción Número 3 de Melilla se encontraba investigando a 21 Guardias Civiles por supuestas irregularidades relacionadas con las facturas del GEAS.
Según ha explicado, la investigación judicial se produjo a consecuencia de que un grupo de guardias civiles del GEAS de Melilla, vertiera contra su Brigada Jefe, graves acusaciones de acoso laboral, ocultar un accidente de buceo, irregularidades contables, amenazas de muerte y otras.
La asociación ha detallado en una nota de prensa que ahora un cabo primero y tres guardias civiles del GEAS se encuentran respondiendo ante el Juzgado Togado número 26 de Melilla por si las acusaciones vertidas contra su Jefe son constitutivas de un “Delito Militar de Deslealtad, que es el delito que cometen los militares cuando mienten con la intención de perjudicar el servicio”.
Al respecto, ha asegurado que el Togado de Melilla ha tenido que esperar a que finalizaran todos los expedientes disciplinarios, pero ya se encuentra instruyendo las correspondientes diligencias penales para esclarecer si los cuatro investigados vertieron falsedades en los expedientes disciplinarios sobre su Jefe con la intención de influir en el servicio que el GEAS presta en la ciudad de Melilla.
APROGC ha subrayado que debido a las actuaciones, que ahora han sido archivadas, “el Jefe del GEAS fue cesado y el mando de la Unidad fue entregado por el Jefe de la Comandancia al Cabo Primero que ahora está siendo investigado por deslealtad”.
Así, ha recalcado que “las incontables acusaciones vertidas por ese grupo de guardias civiles, ocasionó que se instruyeran diligencias por parte de la Policía Judicial de Melilla lo que llevó a la incoación de diligencias previas por parte del Juzgado de Instrucción Nº 3 de Melilla, que finalmente ha sobreseído la causa”. Además, ha añadido, otro guardia civil del GEAS de Melilla, llegó a ser separado del Servicio de Buceo y obligado a pasar un Tribunal Médico “debido a las mal intencionadas acusaciones de haber sufrido un accidente de buceo que resulto no haber ocurrido nunca”.
La asociación ha rememorado que la investigación interna comenzó el año 2018 por orden del entonces Coronel Jefe de la Comandancia de Melilla, Antonio Sierras, para que se instruyera una información reservada que en tan solo unos días dio inicialmente la razón a los acusadores, lo que motivó el cese cautelar del Jefe del GEAS y la separación de otro buceador. “Tuvo que ser la Justicia, cuatro años después, quien sentenciara que se había producido una “errónea valoración de la prueba” por parte de la Administración, y que se había obviado “una abrumadora prueba testifical en contra”, lo que ha supuesto que la Administración se enfrente ahora al pago de una indemnización de más de 170.000 euros por los daños ocasionados al Brigada Jefe, “quien llegó a ser injustamente sancionado tras la denuncia de un acoso laboral que finalmente fue declarado inexistente por el Tribunal Militar Central” ha señalado APROGC.
