El fiscal general del Estado realizó este encargo tras las sospechas sobre el voto por correo en las elecciones de mayo de 2023, en las que se detuvo a una decena de cepemistas
La intervención policial de este martes guarda relación con la decisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de encargar el 26 de mayo de 2023 a Anticorrupción que asumiera el caso de la presunta trama de compra de voto «a gran escala» en Melilla debido a «su gravedad y trascendencia desde el punto de vista social y político, dada la pretensión de alterar la libre manifestación de la voluntad popular» en las elecciones municipales y autonómicas.
El decreto de hace casi 10 meses detallaba que las pesquisas realizadas por la Policía Nacional –que dieron lugar a la apertura de una investigación judicial en Melilla– habían puesto de manifiesto la «existencia de una operación a gran escala de compra de votos, mediante la que se abonaban entre 100 y 50 euros a un importante número de ciudadanos alterando la mecánica legalmente establecida del voto por correo».
Precisaba que «esta operación delictiva dio comienzo el 4 de abril, a raíz de la publicación en el BOE de la convocatoria electoral, y habría sido llevada a cabo, según las averiguaciones practicadas, por varios individuos afines o relacionados con el partido político Coalición por Melilla».
«Dichos individuos conformarían una estructura organizada, con planificación previa y concertada, y la compra de votos se estaría financiando además con parte de los fondos obtenidos por empresas y particulares relacionadas con el partido político indicado en licitaciones públicas, convenios, contratos y subvenciones que se habrían adjudicado durante la última legislatura en la ciudad autónoma», indicaba.
