En octubre del año pasado, ANPE se movilizó en Madrid, exigiendo al gobierno la recuperación del poder adquisitivo perdido en la última década. Un año después, como anticipado por ANPE en esa ocasión, la situación ha empeorado debido a la implementación del acuerdo retributivo suscrito por algunas organizaciones con la Función Pública.
Lamentablemente, en lugar de resolver el problema, este acuerdo ha contribuido, según ANPE, a incrementar las diferencias de poder adquisitivo, generando un mayor empobrecimiento de los funcionarios. ANPE reitera su rechazo a dicho acuerdo salarial, destacando su vigencia de tres años, contemplando un aumento global fijo del 6,5% y otro variable de hasta 3 puntos. En su ejecución durante los años 2022 y 2023, el gobierno ha aplicado, según ANPE, incrementos del 3,5% y 3%, respectivamente. Esto, unido a una previsión de subida del 2% para 2024, sitúa a los empleados públicos, según la perspectiva de ANPE, en un déficit del ocho por ciento con respecto a la subida del Índice de Precios de Consumo (IPC) de los años de referencia.
Como anticipó ANPE, este acuerdo no aborda, desde su perspectiva, las necesarias subidas salariales tras años de recortes indiscriminados contra los funcionarios públicos. Más bien, ha agravado, según ANPE, la pérdida de poder adquisitivo, que estiman por encima del 30%.Ante esta situación, ANPE insiste en la necesidad de un aumento salarial para los empleados públicos, que permita la recuperación del poder adquisitivo acumulado desde los recortes de 2010. ANPE propone que dicho aumento incluya cláusulas de revisión salarial vinculadas a la subida del IPC, con el fin de preservar el poder adquisitivo de los trabajadores públicos, según su posición.
