Asimismo, reclama que se aproveche el último año de la legislatura para afianzar los derechos humanos en España
Amnistía Internacional (AI) instó ayer al Gobierno y al Congreso a impulsar una investigación para aclarar lo sucedido en la frontera de Melilla el pasado 24 de junio. “Esa fecha ha pasado a la historia como la mayor tragedia humanitaria de la democracia en la frontera sur. El Gobierno y el Congreso deben aprobar medidas para evitar que hechos así vuelvan a suceder”, dejó claro ayer la ONG en la víspera del inicio del Debate sobre el Estado de la Nación, que tendrá lugar desde hoy en la Cámara Baja.
En un comunicado de prensa, AI volvió a cargar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por sus “declaraciones de apoyo a la actuación de Marruecos nada más conocerse la noticia y sin tener toda la información, según confirmó con posterioridad”. “Son, cuando menos, imprudentes y no están a la altura de lo que se espera de un Gobierno que afirma estar comprometido con el respeto a los derechos humanos”, aseveró la entidad.
Por todo ello, pidió a Sánchez y a todos los grupos parlamentarios “que aprovechen el próximo Debate sobre el Estado de la Nación para condenar este tipo de actuaciones”. Sobre todo, porque dice haber encontrado “indicios de hasta ocho violaciones de derechos humanos protagonizadas por fuerzas de seguridad españolas o por las fuerzas marroquíes, entre ellas las expulsiones sumarias y colectivas en frontera, conocidas como “devoluciones en caliente” y contrarias al derecho internacional, que ampara la actual Ley de Seguridad Ciudadana”.
En su comunicado, AI vuelve a reclamar “vías legales y seguras para que todas las personas que se ven forzadas a desplazarse, independientemente de su procedencia, vean respetados sus derechos a un procedimiento con todas las garantías y no discriminatorio para pedir asilo y protección”. Ello, dijo, es necesario “para evitar todo este sufrimiento”.
Pacto Europeo
En este sentido, Amnistía Internacional llama la atención sobre la importancia del proceso de negociación del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, “en el cual España tiene un papel fundamental al asumir la Presidencia de la Unión el próximo año”. Así, solicitó al Gobierno “que impulse un cambio de rumbo en la política europea en materia de migración y asilo para poner en el centro los derechos de las personas migrantes y refugiadas y evitar que tragedias como esta se produzcan”.
También dedicó un reproche AI por el hecho de que España “presida un organismo internacional que promueve el respeto a los derechos humanos y la gestión ordenada de la migración y, al mismo tiempo, alabe la actuación de las fuerzas de seguridad marroquíes en la frontera”. Se refería, de este modo, a la Segunda Reunión Temática de Alto Nivel de la Presidencia Española del Proceso de Rabat sobre gestión integrada de fronteras, que albergó el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación los pasados 5 y 6 de julio, con participación de 30 países miembros, la Comisión Europea y la agencia Frontex.
A juicio de AI, es necesario revisar la cooperación con Marruecos “para garantizar que sus políticas de control migratorio tienen como prioridad el respeto de los derechos humanos de las personas migrantes”. “En este sentido, sería deseable que el ministro Marlaska diera cuenta de su viaje a Marruecos del pasado viernes 8 de julio y explicara si discutió con su homólogo marroquí el necesario cambio en la gestión de fronteras para que la tragedia de Melilla no vuelva a repetirse”, pidió esta entidad.
‘Ley Mordaza’
Asimismo, pidió la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, “conocida como Ley Mordaza, y la Ley de Secretos Oficiales”, para “afianzar la protección a los derechos humanos en España”. Según Amnistía Internacional, el Gobierno y el Congreso “tienen la oportunidad de hacerlo a falta de un año para que acabe la legislatura”.
Y es que AI aseguró que esta ley, tras siete años de vigencia, “sigue siendo a día de hoy una amenaza para los derechos humanos en España que afecta de lleno al derecho a la protesta, al derecho a la libertad de reunión y manifestación, y al derecho a producir y recibir información”. “Es lamentable que siga vigente y que, tras seis años de bloqueo parlamentario para reformarla, consolide el recorte de derechos humanos en nombre de la seguridad”, agregó.
En cuanto a la Ley de Secretos Oficiales, AI denunció públicamente que “limita gravemente el derecho de acceso a la información de la ciudadanía” porque “permite actualmente la opacidad informativa y contribuye a la falta de transparencia”. “Al amparo de esa oscuridad, se producen numerosas violaciones de derechos humanos. Además, la amnesia es una dolencia grave para un Estado social y democrático de derecho y, especialmente, cuando afecta a informaciones del pasado, del presente y del futuro que están relacionadas con el respeto y protección de los derechos humanos”, criticó AI.
Como ejemplo, dijo que el Gobierno “que se ampara en la Ley de Secretos Oficiales respecto a los acuerdos con Marruecos” para no dar respuesta formal “sobre la naturaleza clasificada o no de éstos”, en lo que a políticas migratorias se refiere.
Ello, a pesar de que “los ‘secretos oficiales’ son un tema clave de derechos humanos”. “Urge su reforma inmediata así como garantizar que toda restricción del derecho de acceso a la información cumple los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad”, pidió AI.
