Este jueves la Asociación Melillense de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, AMLEGA, junto a cuatro integrantes del Grupo de Investigación Antropología, Diversidad y Convivencia del Departamento de Antropología Social de la Universidad Complutense de Madrid, presentará el estudio "Diversidad y género: una oportunidad educativa para la convivencia", en la Sala de Conferencias del Real Club Marítimo de Melilla, a las 20:00. Afirman que el derecho a una vida libre de violencia requiere que el Ministerio de Educación adopte medidas dentro de los colegios e institutos que protejan a niños y adolescentes LGTBI. Esta actividad se enmarca dentro la VI Semana de Educación en Diversidad Afectiva, Sexual y Género de Melilla, que la entidad organiza con motivo del Día Internacional contra la LGTBIfobia (lesbofobia, gayfobia, transfobia, bifobia, intersexualfobia), 17 de mayo, jornada en la que se conmemora la eliminación en 1990 de la homosexualidad como enfermedad mental por parte de la Organización Mundial de la Salud. "Sin embargo, la transexualidad aún es parte de los manuales diagnósticos de psiquiatría, pese a los esfuerzos mundiales por su despatologización", indican.
Mundo homófobo
AMLEGA recuerda que el 17 de Mayo fue reconocido por España en 2009, sumándose así al grupo de Estados que reconocen esta fecha como símbolo de la lucha contra la discriminación de las personas por su orientación sexual. Pero según la ONU, 76 países tienen penas de prisión, cárcel, cadena perpetua o muerte a personas por su orientación sexual o identidad de género. Además, hay que sumar numerosos países donde no existen leyes que criminalicen la orientación sexual y la identidad de género, pero si se producen asesinatos, crímenes de odio y LGTBfobia institucionalizada.
Recuerdan que "a diario, se pone en riesgo la vida y la integridad física de ciudadanos en todo el mundo, por su orientación sexual, identidad de género y expresión de género". Esta suerte también la corren los activistas en defensa de estos derechos. España, Estado democrático y de Derecho, tiene "un compromiso de promoción y lucha por la igualdad y la no discriminación en el exterior, tal como lo afirma el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación". Frente a ello "asistimos con alarma e indignación como la ola de LGTBfobia recorre todos los continentes incluyendo Europa, y, en especial África, donde los gobiernos recrudecen la persecusión y criminalización de las personas LGTB ante la mirada impasible y el silencio de España y el resto de Europa, algo contrario al espíritu europeo y español de promover el respeto a la orientación sexual y las identidades de género en todas las relaciones bilaterales".
Situaciones extremas viven los vecinos de Rusia, Uganda y Nigeria, así como América Latina y el Caribe, donde aún existen ejecuciones extrajudiciales, leyes homófobas y crímenes de odio horribles, ante los cuales España "no debe permanecer impasible". Por ese motivo la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales ha declarado el 2014 como el año de los derechos humanos LGTBI dentro y fuera de nuestras fronteras, decisión respaldada por el Congreso de los Diputados. Por este motivo se insta al Gobierno a actuar, "para que el colectivo LGTBI vea reconocidos sus Derechos Humanos, y el Gobierno debe tomar medidas concretas dirigidas a alcanzar este objetivo".
Compromiso
Afirman que el derecho a una vida libre de violencia requiere que el Ministerio de Educación adopte medidas dentro de los colegios e institutos que protejan a niños y adolescentes LGTBI; y el derecho a la salud, sin discriminación, que incluye también una salud sexual y reproductiva en igualdad. Asimismo, las personas transexuales se encuentran en una situación de vulnerabilidad tal, que según la comunidad autónoma donde residan, ven reconocidos sus Derechos más básicos o no.
"Pese a los avances en materia de igualdad, como el derecho al matrimonio, a la familia o la no discriminación por orientación sexual e identidad de género en el trabajo, aún en España queda largo camino por recorrer". Apostillan que es el Estado el que detenta el compromiso de garantizar la igualdad y la no discriminación por orientación sexual e identidad de género de sus ciudadanos, de acuerdo a los compromisos en derechos humanos, acuerdos internacionales y mandatos europeos en los que España es firmante.
