Según la última encuesta del CIS, la primera preocupación de los españoles es el paro; la segunda, la corrupción y la tercera, la actuación de los políticos. Más de 5 millones de personas, aproximadamente el 25% de la población activa, y de ellas más del 50%, son jóvenes que no tienen empleo. Esta situación ha merecido la atención de la Comisión Europea, que tiene un fondo de fomento de empleo joven, del Fondo Monetario Internacional, y, por supuesto, la preocupación de todos los estamentos de la sociedad española. Es un problema prioritario que puede ir aliviándose, lentamente, con el crecimiento de nuestra economía, pero, dada la situación de extrema urgencia, es preciso crear empleo con intensidad por encima del nivel de crecimiento previsto del PIB (entre el 1%-1,5% anual) para los años venideros. Por ello, debe imprimirse mayor ímpetu en la adopción de medidas que puedan paliar esta penosa situación social, y han de buscarse fórmulas drásticas, sin frenos, urgentes, para la creación de empleo, especialmente, para los jóvenes. Ni debe confiarse todo en el crecimiento –lento- del PIB, ni debe caerse en el método fácil de la falsa creación de empleo por la vía falsa de la contratación pública en alguna administración o empresa pública pues, éste, es sólo empleo aparente o paro encubierto; actualmente, ya sobra uno de los tres millones de empleados públicos y, sabemos, que las administraciones deben estar servidas por funcionarios seleccionados por oposición pública.
El ámbito de creación de auténtico empleo está en la iniciativa de los autónomos y de las empresas privadas, por ello, el legislador ha de facilitar un marco legal sencillo, objetivo, cierto, claro, seguro, y no dependiente de inciertas resoluciones de la jurisdicción laboral ya que, el empresario, está dispuesto a asumir riesgo, pero no de forma alocada e irresponsable. Actualmente, las empresas soportan elevados costes por cotizaciones sociales y, en su caso, de altas indemnizaciones por despido; ambos elementos se han convertido en “impuestos sobre el empleo” y deben reducirse para ganar competitividad y facilitar la contratación laboral.
El tipo vigente de las cotizaciones del régimen general de la seguridad social es el 37,25% del salario del cual, los empresarios pagan el 30,90% y los trabajadores el 6,35%. A este montante hay que añadir el riesgo latente del empresario por el coste indemnizatorio de un posible despido, por cualquier causa, que no le exonere de indemnización. El Gobierno debe comprender que el empresario toma sus decisiones con criterios económicos y que la suma de los costes de sueldo, más cotizaciones sociales, más el posible riesgo de indemnización por despido, más las molestias generadas, deben ser inferiores al beneficio esperado. Nadie emprende un negocio para perder dinero y ganar preocupaciones.
En una línea incentivadora de empleo joven el Gobierno ha aprobado el RDL 8/2014 de 5 de julio, de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. “El título IV titulado “Medidas de fomento de la empleabilidad y la ocupación”, incluye 34 artículos, del art. 87 al 121 y, sólo puedo decir, que está cargado de buena fe y de gran complejidad en su aplicación, pendiente de otros desarrollos. Cuando el asunto es urgente, el mensaje y la oferta a las empresas y a los jóvenes, debe ser simple y comprensible. Dada la urgencia, la norma podría decir algo así: “Quien contrate jóvenes desempleados no pagará cotizaciones sociales durante un año ni asumirá riesgos de indemnizar por despido”.
El Gobierno demuestra su sensibilidad con el RDL aprobado, pero, la urgencia exige que se eliminen las causas que frenan la contratación laboral, enfrentándose al problema, sin miedo, con un plan de choque que reduzca el número de modelos de contratos, anime al empresario a contratar y permita que los jóvenes obtengan un trabajo, formación e ingresos. El poder, lógicamente, está animado a aportar medidas, pues le va en juego el resultado de las próximas elecciones, pero, las da con “cuentagotas” y hay tres circunstancias adicionales que los ciudadanos no olvidamos:
Primero.- La falta de empleo, a nivel individual impide formarse debidamente a los jóvenes y frena su desarrollo humano; el trabajo dignifica a la persona y le proporciona la satisfacción de no ser una carga familiar y de ser autosuficiente. El art. 10.1 de la Constitución Española de 1978, se refiere a: “la dignidad de la persona” al” libre desarrollo de la personalidad”, “fundamentos del orden político y de la paz social” y el art. 35.1 dice que “todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo…”.
Segundo.- A nivel social o colectivo, los poderes públicos han recibido un mandato en el art. 40.1, que vale la pena transcribir: “Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política orientada al pleno empleo”; y
Tercero.- También hay motivos económicos. Un plan de choque de empleo masivo reduce el gasto público (subsidios y no incrementa costes sanitarios). Los cálculos indican que un parado pensionado cuesta más al Estado que un trabajador activo en una empresa privada aunque estén exentos, durante un año, de cotizar a la seguridad social.
Pero si la necesidad de ingresos de la seguridad social es tanta: ¿Por qué no se destinan los tristemente famosos Fondos de Formación al pago de estas cotizaciones sociales de los jóvenes desempleados? Merecería la pena lanzar, sin dudar, un plan de colocación de un millón de personas desempleadas, jóvenes y no tan jóvenes, exentos en el primer año ellos y sus empleadores de pagos sociales y, sus empleadores, exentos de indemnizaciones de despido.
CONCLUSIÓN: El gobierno y su mayoría absoluta en el Parlamento deben crear, urgentemente, las condiciones legales favorables que animen a los empleadores a contratar desempleados, eliminando trámites legales, costes excesivos por cotizaciones laborables y riesgos indemnizatorios. Habría que lanzar el plan “un millón” de empleos para salir, sin miedo, de esta ciénaga, y, si la seguridad social no puede dejar de ingresar esas cotizaciones, deben destinarse a tal pago los famosos Fondos de Formación porque, el trabajo, forma a los jóvenes.
