"Pedimos al Gobierno que haya un ejercicio de humildad y reconozca que se ha equivocado". Ésta fue la solicitud que ayer hizo la diputada del Grupo Coalición por Melilla (CPM), Dunia Almansouri, al Ejecutivo local después de la comparecencia del presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda. La cepemista dejó claro al presidente Juan José Imbroda que "no se trata de un titular llamativo y dicho por la oposición", sino que lo que ocurre es que el Tribunal de Cuentas "ha detectado deficiencias en un número significativos de contratos". La comparecencia del presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, sirvió ayer a la diputada del Grupo Coalición por Melilla (CPM), Dunia Almansouri, para pedir al Gobierno de la Ciudad "que haga un ejercicio de humildad y reconozca que se ha equivocado".
La cepemista, en rueda de prensa, señaló, respecto a la valoración hecha por el presidente Juan José Imbroda, que "no se trata de un titular llamativo y dicho por la oposición, sino que quien ha dicho que se detectaron deficiencias en un número significativos de contratos ha sido el presidente del Tribunal de Cuentas". Por ello, consideró que si Imbroda "es un demócrata, debe aceptar las reglas del juego y que haya una entidad que fiscalice la gestión del dinero público".
"Hay asuntos muy graves", subrayó Almansouri, que dijo que en la fiscalización de las cuentas de 2010 y 2011 se han detectado deficiencias en un número significativo de contratos administrativos. "Por mucho que el Gobierno de la Ciudad no lo quiera reconocer, aquí nos encontramos no sólo con las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, sino con todo lo que ha ocurrido en torno a la Operación Ópera".
Otra cosa "muy significativa" para la diputada local es el hecho de que, año tras año, tras los informes del Tribunal de Cuentas, el Ejecutivo melillense "no haya hecho nada con las recomendaciones". En este sentido, Almansouri apuntó que la mayoría de las recomendaciones son "reiterativas". Al hilo, comentó la cepemista que el Gobierno de la Ciudad argumentaba que los informes venían "con muchísimo retraso" y que "no les daba tiempo a subsanar esas recomendaciones". Sin embargo, hay recomendaciones de 2011 que "se siguen produciendo en 2011". Por lo tanto, la diputada cree que, "en diez años, ha habido tiempo suficiente como para subsanar las incidencias".
En cuanto al "incumplimiento reiterado de las normas presupuestarias", la diputada del Grupo CPM dejó claro que de lo que se habla es de la gestión del dinero público, "por lo que se ha de ser escrupuloso". Al respecto, Almansouri subrayó que su partido ha hecho en ocasiones "avisos de ilegalidad" en este aspecto.
Habló así del inventario, y manifestó que el Ejecutivo computa parcelas de terrenos que "ya no son de su propiedad, o da por vendidas parcelas de terrenos que aún siguen siendo de su propiedad". Recordó que en 2010, CPM avisó al Gobierno local que no podría presupuestarse la venta de una parcela que no es de la Ciudad Autónoma, así como que se tenía que "romper la dualidad" de las funciones de director genera de Economía y Hacienda y la del interventor. "Son cuestiones que nosotros ya habíamos anticipado que no eran legales", espetó.
"Han rectificado por imperativo legal y no por el afán de hacer bien las cosas", señaló Dunia Almansouri, que se refirió a la carga financiera de la Ciudad Autónoma. Rememoró la cepemista que en 2011 hubo "temas polémicos" con el ex consejero de Hacienda y Presupuestos, Guillermo Días, por una "diferencia de criterios a la hora de computar la deuda de la Ciudad". Ahora, explicó la diputada, el Tribunal de Cuentas dice que hay que computar la totalidad de la deuda, aunque el Gobierno loca "insiste en que los préstamos y las deudas con entidades financieras no hay que computarlas". Al hilo, Almansouri hizo hincapié en que es "deuda viva de la ciudad y, por lo tanto, están obligados a contemplarla en los presupuestos".
La diputada, finalmente, lamentó que en la Comisión de Economía y Hacienda celebrada el pasado martes, los miembros del Grupo Popular (PP) en la Asamblea afirmaran que "el Tribunal de Cuentas puede decir lo que quiera", pero que el Gobierno no lo comparte. "¿Cómo no vas a compartir el criterio de una entidad que se basa en la jurisdicción española a la hora de elaborar un informe?", concluyó Almansouri.
