El Informe Anual que lleva a cabo todos los años Amnistía Internacional (AI) sobre 'La situación de los derechos humanos en el mundo' recoge en el apartado de España sobre los derechos de las personas refugiadas e inmigrantes que "durante todo el año se recibieron informes sobre trato ilegal de refugiados, migrantes y solicitantes de asilo, incluida la expulsión a Marruecos", a la par que hace referencia a "un uso innecesario o excesivo de la fuerza por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en los enclaves españoles de Ceuta y Melilla". El informe también recoge algunas criticas a la futura Ley de Seguridad Ciudadana en cuanto a los delitos recogidos. El informe de AI indica que al final del año había "más de 1.500 refugiados sirios en los enclaves aguardando su traslado al territorio continental". A esto se suma que en octubre, el Grupo Parlamentario del Partido Popular "presentó una enmienda al proyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana que legalizaría las expulsiones sumarias a Marruecos desde Ceuta y Melilla", critica.
El estudio también recuerda los sucesos de febrero en el que murieron ahogadas 15 personas, cuando "un grupo de unos 250 refugiados, migrantes y solicitantes de asilo procedentes del África subsahariana intentaron cruzar a nado la frontera marítima entre Marruecos y Ceuta". Así, posteriormente "agentes de la Guardia Civil emplearon material antidisturbios", como "pelotas de goma, cartuchos de fogueo y botes de humo para impedirlo".
Por otro lado, respecto a la situación de los migrantes destaca los "cientos de miles de migrantes irregulares seguían teniendo acceso limitado a asistencia médica como consecuencia de la aplicación del Real Decreto-ley 16/2012". Estas personas "debían pagar los servicios de atención a la salud, incluida la asistencia médica primaria", sin embargo "en noviembre el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa señaló que dicho Real Decreto vulneraba la Carta Social Europea".
Asimismo, el informe también apunta a las 1.205 personas "a las que a final del año, las autoridades habían concedido protección internacional", aunque sólo a 255 se les reconoció la condición de refugiados". Además, "aunque el gobierno había anunciado en diciembre de 2013 que reasentaría a 130 refugiados sirios, al final de 2014 no había reasentado a ninguno".
El informe de Amnistía Internacional también recoge criticas a las medidas respectivas a los sospechosos de delitos de terrorismo, ya que organismos internacionales de derechos humanos "habían señalado que debían dejar de aplicar la detención en régimen de incomunicación a este tipo de sospechosos", y España "rehusó adoptar estar recomendación".
También hace referencia a la violencia contra las mujeres en el que entre otras críticas apunta a la posición por parte de España de "desoír los llamamientos en favor de que se revisara la eficacia tanto de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género de 2005 como del tribunal especializado en violencia de género a pesar de que el caso de números archivados por el tribunal por falta de pruebas había aumentado un 158% entre 2005 y 2013".
En este sentido, también subraya el anteproyecto de ley aprobado en diciembre de 2013 que "habría introducido diversos obstáculos en el acceso a un aborto legal y seguro", y el cual "podría haber tenido como consecuencia un aumento del número de mujeres y niñas que recurrirían a procedimientos clandestinos".
También recoge valoraciones respecto a la libertad de reunión en especial a los "cientos de personas detenidas y multadas" por participar en "manifestaciones espontáneas". A raíz de esto, destaca los nuevos 21 delitos que recoge la Ley de Seguridad Ciudadana entre las que se encuentra la "imposición de multas a los organizadores de protestas espontáneas pacíficas y a las personas que mostraran falta de respeto con los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley".
En esta línea, el informe recoge también algunos casos de "uso excesivo de la fuerza" en manifestaciones y actuaciones policiales en las que "los agentes solían emprender una fuerza excesiva para dispersar y detener a manifestantes" y pone de ejemplo la prohibición de Cataluña en el uso de pelotas de goma tras varios sucesos en los que "manifestantes pacíficos habían resultado heridos de gravedad" por el uso de estas armas.
Por otro lado, el dossier de AI hace referencia a delitos de derecho internacional en el que "las definiciones de desaparición forzada y tortura seguían sin ajustarse en la legislación a las normas internacionales de derechos humanos". Así, también acusa a España de "no prestar asistencia adecuada al poder judicial argentino para investigar delitos de derecho internacional acometidos durante el periodo franquista".
