No se puede estar acusando a la gente, como tampoco se debe judicializar la vida política, algo que a PPL parece que le encanta. Ello, a pesar de que dicho partido no puede dar demasiadas lecciones de moralidad ni de respeto a las leyes desde su génesis. Igual que no se puede defender al culpable, tampoco se debe acusar tan a la ligera al que no está demostrado que lo sea Cualquiera, hasta un niño pequeño, puede acusar porque es de los actos más fáciles que un ser humano puede hacer. Lo difícil está en demostrar que lo que se recrimina a otro es cierto. Los que se apuntan a la acusación gratuita normalmente olvidan la parte de la demostración, por eso la última moda de señalar detrás de un pseudónimo en las redes sociales es tan dañina para nuestra sociedad y el honor de cada uno de los que la conforman. Los hay que, aunque acusan a cara descubierta como el diputado de PPL, Julio Liarte, tampoco se acuerdan que hay que probar los hechos que se inculpan, lo cual es igualmente censurable porque si al final resulta que la acusación es falsa o no está basada en hechos probados, el daño que se hace a la dignidad y el honor del acusado es prácticamente irreparable.
Dicho partido, que actúa desde el odio y el rencor, es muy aficionado al lema "difama que algo queda". No hay más que recordar el asunto del Tribunal de Cuentas, del que estuvo hablando día sí y otro también, juzgando a la treintena de imputados antes de que la propia Justicia terminara archivando el caso. Cuando eso pasó PPL no se retractó ni pidió disculpas a los que hoy son inocentes porque los jueces así lo han dictaminado.
Ahora podría repetirse la historia nuevamente con el caso de la contratación de abogados externos. PPL está intentando sacar la mayor tajada posible de todo este asunto por si consigue desgastar políticamente a menos de un año de las elecciones a quien los melillenses han elegido como su presidente con mayoría absoluta en las tres últimas autonómicas. Pero ni Liarte ni Velázquez ni ninguno de los dirigentes de ese micropartido demuestra nada, sólo se hace eco de un procedimiento judicial que lleva en investigación tres años y cuya decisión corresponde a un juez.
Será la autoridad judicial la que determine si en este caso hay algo susceptible de ser condenado. Desde estas líneas consideramos que si se ha hecho algo mal, la Justicia debe actuar con todo el peso de la Ley porque todos somos iguales ante ella. También los responsables políticos, que son conscientes de las ventajas e inconvenientes que tiene el ámbito en el que se mueven. Pero entre esos inconvenientes no debe encontrarse el de tener que estar siempre en el punto de mira, ni tampoco el de ser sospechoso de antemano de cualquier cosa.
No se puede estar acusando a la gente, como tampoco se debe judicializar la vida política, algo que a PPL parece que le encanta y que no hace más que ralentizar investigaciones por la saturación de los escasos medios con los que cuenta un pilar tan importante en nuestro Estado de Derecho. Ello, a pesar de que dicho partido no puede dar demasiadas lecciones de moralidad ni de respeto a las leyes desde su génesis. Igual que no se puede defender al culpable, tampoco se debe acusar tan a la ligera al que no está demostrado que lo sea.
