La representante en España del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Francesca Friz-Prguda, recuerda que con la Ley de Seguridad Ciudadana y la regulación del rechazo en frontera para dar amparo a las llamadas ‘devoluciones en caliente’, se comprometió la elaboración de un protocolo de actuación para las fuerzas de seguridad en el que se dictaría el proceder para respetar el derecho de asilo.
Es en ese protocolo aún pendiente donde la institución propone enmarcar este mecanismo y hacerlo extensivo a todo el territorio nacional, de modo que “el sistema gobierne una gestión de llegadas irregulares al país sea donde sea, que no haya un régimen especial para Ceuta y Melilla”.
“Merece la pena estar preparado. En la situación actual ya no se trata de parar los flujos, sino de gestionarlos, y eso significa también identificación-registro y derivación de las categorías de personas con sus diferentes necesidades, incluso de retorno de personas no autorizadas o no en necesidad de protección internacional”, señala Friz-Prguda.
Para el ACNUR, mantener la situación actual “no es una opción”, con familias enteras de solicitantes de asilo que pasan meses en el CETI de Melilla sin oportunidad de retomar las riendas de su vida. Esta situación “ha venido desincentivando las solicitudes de asilo”, según Friz-Prguda, mientras “incentivaba casi inconscientemente la inmigración irregular” porque no se daba prioridad a los potenciales refugiados en los traslados a la Península.
“Ahora sí solicitan asilo pero no ven mucha perspectiva de quedarse en España y seguimos teniendo, a pesar de los múltiples obstáculos en Francia por las aboliciones temporales del acuerdo Schengen, gente que sigue marchándose porque no hay ningún gesto creíble de la administración que haga que eso cambie. El discurso se está enfocando en las reubicaciones desde Italia y Grecia en vez de trabajar lo que tenemos ahora, refugiados de carne y hueso, que están aquí y no ven perspectivas en España”, agrega.
