Los sindicatos ACAIP-UGT, CSIF y APFP han denunciado este lunes que los funcionarios del Centro Penitenciario de Melilla que sufren agresiones en la prisión “pierden dinero” -en uno de los casos han sido 300 euros- porque sus bajas son tramitadas sistemáticamente como enfermedad común y no como accidente laboral.
A través de un comunicado de prensa conjunto, las tres organizaciones sindicales han criticado “los continuos errores cometidos por parte de la Dirección del Centro Penitenciario de Melilla en la elaboración de las nóminas de los funcionarios agredidos”. Así, han asegurado que las últimas bajas laborales producidas por agresiones de internos a funcionarios en la prisión de nuestra ciudad durante los meses de octubre y noviembre fueron tramitadas sistemáticamente como enfermedad común y no como accidente laboral. “Ello supone que los compañeros afectados pierdan el complemento de productividad y se vean envueltos en farragosos trámites ante la administración para que les sea devuelto lo que legítimamente les corresponde” han apuntado.
Dichas organizaciones han explicado que el director de la prisión, Francisco Rebollo, les ha declarado que se trata de un error puntual. Sin embargo, han explicado que “los sindicatos pensamos que cuando tres expedientes diferentes espaciados en el tiempo se tramitan del mismo modo, no hay un error humano, sino un modus operandi que trata de ocultar las agresiones perpetradas en la Cárcel a la Delegación del Gobierno y a la opinión pública”.
Igualmente, han señalado que durante los últimos años varios funcionarios quedaron excluidos de la Acción Social por «errores» en la tramitación de la misma por parte de la Dirección del Centro, sufriendo pérdidas pecuniarias importantes.
Todo ello, unido al rechazo de la productividad especial vinculada a la COVID destinada a los funcionarios por parte de Francisco Rebollo, “único caso en España” han precisado, que hacen que el ambiente laboral dentro de la prisión sea muy complicado. «Realmente hay mucha tensión entre la plantilla y el director, las relaciones están rotas y las posturas son irreconciliables» han aseverado
Por ello, ACAIP-UGT, CSIF, Y APFP solicitan la intervención de la delegada el Gobierno “antes de que esta bomba laboral explote” y dicen que “su obligación es pedir el cese de Don Francisco Rebollo a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias”.
