El Consejo General de la Abogacía Española mostró ayer su “satisfacción parcial” porque “la lucha que ha liderado durante mil días junto a los operadores jurídicos, partidos políticos, sindicatos y consumidores, en la calle y en las redes sociales, ha provocado que el Gobierno haya tomado, finalmente la decisión de eliminar las tasas judiciales para las personas físicas”.
Según informa el director de Comunicación del Ilustre Colegio de Abogados de Melilla, Ángel Gil a través de un comunicado “para evitar que miles de ciudadanos sigan sufriendo la violación de su derecho fundamental de acceso a la Justicia”, la Abogacía reclamo al Gobierno “una solución transitoria inmediata que exima ya del pago de las tasas hasta que se apruebe por decreto ley”. Además, la Abogacía continúa defendiendo que, “dentro del paquete de medidas que tratan de impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo, la medida de supresión de las tasas se extienda también a las pequeñas y medianas empresas”.
La Abogacía señaló que “han defendido siempre la derogación de la Ley” pero que “tras más de dos años de barreras al ejercicio del derecho de acceso a la Justicia de los ciudadanos y de vulneración del derecho fundamental de los ciudadanos al acceso a la justicia, esta medida supone acabar con una situación radicalmente injusta”.
“El compromiso de Rajoy es, en todo caso, un reconocimiento de la razón de la oposición contra las tasas liderada por la Abogacía”, aseguran.
