A raíz de la manifestación celebrada el 24 de febrero, a la que acudieron 8.000 Técnicos Sanitarios, el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) mantiene su ronda de contactos con los responsables de los grupos políticos y de la Administración, en demanda de soluciones a una de sus reivindicaciones fundamentales: la necesidad de poner fin a la Disposición Transitoria del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), cuya transitoriedad debió finalizar en 2009.
Sin embargo, denuncia que 13 años después sigue sin aplicarse el artículo 76 del propio EBEP y la debida clasificación de los Técnicos Sanitarios en el grupo que les corresponde, esto es, los de Grado Medio en el Subgrupo C1 y los de Grado Superior en el Grupo B.
El problema fundamental “es el inadmisible traslado en la responsabilidad” entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y las Comunidades Autónomas, en torno a si serían las leyes de Función Pública Autonómicas o la Ley de Función Pública de la Administración General del Estado la que “pondrían fin a esta lamentable situación que afecta a miles de profesionales”.
En este sentido, el último encuentro ha sido el mantenido con Héctor Casado, subdirector General de Relaciones Laborales de Función Pública, y al que han asistido Dolores Martínez e Isabel Lozano, secretaria general y secretaria de organización y comunicación del SAE, respectivamente, “en el que se ha dejado constancia que la futura Ley de la Administración General del Estado sólo afectará al personal de los organismos dependientes de ésta, pero no al personal funcionario, estatutario o laboral de los servicios de salud”.
Casado ha responsabilizado a las Comunidades Autónomas que han de publicar sus leyes específicas de regulación de Función Pública, aunque “es evidente lo inadmisible de este argumento”, puesto que se da la circunstancia de la aprobación de la Ley de Función Pública de la Comunidad Valenciana y la nula voluntad de cumplir lo establecido en la propia ley. “Una vez aprobada la ley autonómica trasladan la responsabilidad de su aplicación al Ministerio de Hacienda y Función Pública”.
También lamenta que miles de profesionales, esenciales tanto en sanidad en servicios sociales, se sienten abandonados por sus políticos, “por los autonómicos y por los nacionales, que se pasan la pelota de unos a otros”, por lo que desde SAE continuamos trabajando con insistencia para que se cumpla la ley”.
