En noviembre de 1960 una niña negra de seis años, Ruby Bridges, se matriculó en una escuela pública de Luisiana (Estados Unidos) que hasta entonces sólo admitía niños blancos. Tanto la pequeña como su familia fueron amenazados y los profesores del centro se negaron a darle clase, a pesar de que en 1954 el Tribunal Supremo había dictado sentencia contra cualquier discriminación por motivos raciales, El presidente Dwight Eisenhower ordenó que cuatro agentes del F.B.I. escoltaran a Ruby y una profesora blanca de Boston fue enviada a la escuela para dar clase a la niña, que estuvo sola en un aula durante todo el curso.
Tres años más tarde, en septiembre de 1962, la Universidad de Mississippi rechazó la matrícula del primer estudiante negro que intentó estudiar en el centro, James Meredith. El presidente John Kennedy intentó convencer al gobernador del Estado, Ross Barnett, para que fuera admitido, sin éxito. Su hermano Robert Kennedy, fiscal general (ministro de Justicia), envió entonces a 500 policías para garantizar el derecho de Meredith a cursar estudios en la Universidad. Fueron recibidos con hostilidad, hasta el punto de que el presidente movilizó a la Guardia Nacional (el Ejército de la metrópoli), que desplegó a 23.000 soldados. El joven negro pudo cursar estudios universitarios y seis años después, en 1968, culminó la carrera de Derecho en la prestigiosa Universidad de Columbia (Nueva York).
Sesenta años después, una escuela pública catalana, respaldada por la Generalidad, padres de alumnos y militantes separatistas, ha proscrito a un niño de seis años en Canet (Barcelona), cuya familia ha conseguido una sentencia favorable del Tribunal Supremo para que al menos una cuarta parte de las clases se impartan en español.
No hay nada nuevo bajo el sol, excepto en la respuesta de la autoridad nacional. Para empezar, surgen brotes de totalitarismo en muchos ámbitos, incluso en democracias. El fundamento puede ser de carácter racial, como en la Alemania nazi, los estados norteamericanos del Sur o el apartheid sudafricano; de odio ideológico, como en los sistemas comunistas; o de fundamentalismo religioso, como en ciertos países musulmanes y la India. También los hay de idioma, como en Bélgica.
En Cataluña el fundamento totalitario es el idioma, frente a la libertad proclamada en la Constitución. Las autoridades locales y los nacionalistas suelen afirmar que no hay problema con la inmersión obligatoria en catalán establecida en los años Noventa por Jordi Pujol, pero es una reiterada falsedad. Si en efecto no hubiera problema establecerían la libertad de elección y no lo hacen, en favor de la coerción, porque saben que muchísimas familias rechazarían la inmersión. Van en contra de lo que proclamaban hace 40 ó 50años, cuando denunciaban lo que llamaban diglosia, cuando un niño catalanoparlante era escolarizado en español. Ahora, cuando ocurre lo mismo, pero al revés, no hay diglosia que valga.
Existe en Cataluña, por tanto, un foco totalitario que sólo puede ser combatido y superado por la aplicación del Estado de Derecho. Lo fundamental, entonces, es que al contrario de lo que ocurría en Estados Unidos hace más de medio siglo, el Gobierno nacional renuncia a proteger el derecho de las personas. La conveniencia del Gobierno de Pedro Sánchez -mantenerse en el poder con el apoyo de los separatistas- está por encima del ejercicio de unos derechos reconocidos en las leyes y avalados por los tribunales. Sabíamos que el sanchismo es una combinación perversa de mentiras, sectarismo y mediocridad. Ahora sabemos que otro de sus componentes fundamentales es la cobardía.
Por lo demás hemos asistido esta semana a la mamarrachada anual de separatistas y ex terroristas contra la Constitución. Alguna vez, para variar, los informativos de las televisiones podrían llamar a las manifestaciones políticas por su nombre. Lo que rechaza esa tropa no es la Constitución de 1978, sino la democracia. La descalificación de la Carta Magna es el medio, pero el objetivo es el sistema democrático, en favor de chiringuitos autoritarios. También en esta cuestión el Gobierno Sánchez, con sus evidentes pulsiones autoritarias, prefiere mirar para otro lado. Los valores políticos y sociales más básicos están en retroceso. La coalición Frankenstein es lo que tiene.
