Quienes las hayan abonado recibirán su dinero y quienes no lo hayan hecho, les serán anuladas de forma automática
Un total de 4.199 melillenses fueron multados entre el 14 de marzo y el 21 de junio de 2020, en el primer estado de alarma, pero ya no tendrán que preocuparse porque tras ser anuladas por el Tribunal Constitucional, quienes las hayan abonado recibirán su dinero y quienes no lo hayan hecho, les serán anuladas de forma automática. Todo ello después de que el Gobierno de la Nación haya ordenado crear un equipo de trabajo para proceder a la devolución de todas las multas que se impusieron a los ciudadanos durante el primer estado de alarma por la covid-19 y anular los expedientes que seguían siendo tramitados por la administración, según han informado desde el Ministerio de Política Territorial. La devolución se hará «de oficio», es decir que los melillenses que ya pagaron, verán como el Estado les ingresa su cantidad. Antes, habilitará un proceso para que elijan a qué cuenta bancaria irá.
Tras el fallo del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional el primer estado de alarma –y tiene que decidir sobre el segundo–, el Ejecutivo ha creado equipos de trabajo con todas las subdelegaciones y delegaciones del Gobierno, incluida la de Melilla, participando también la Agencia Tributaria, la Delegación de Economía, el Tesoro Público y Política Territorial.
Con el asesoramiento de equipos informáticos, el Gobierno procederá a la devolución «de oficio» de la cantidad que se cobró en las sanciones impuestas en cumplimiento del estado de alarma. Para ello, se habilitará un mecanismo para que los ciudadanos consignen una cuenta bancaria desde la que poder llevar a cabo la transacción.
El estado de alarma declarado por el Real Decreto de 14 de marzo habilitó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías autonómicas y locales para sancionar a los ciudadanos que no cumplieran con el confinamiento domiciliario, pero el pasado mes de julio el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional esta medida.
El balance final dejó 1.142.127 multas impuestas en toda España en el primer estado de alarma –desde el 14 de marzo al 21 de junio–, y al menos 220.296 sanciones en el segundo estado de alarma –desde 26 de octubre hasta mayo–, según datos del Ministerio del Interior facilitados en marzo, cuando se cumplió un año del primero de los estados de alarma.
De las 481.969 actas de propuesta de sanción tramitadas, 172.482 se habían resuelto con sanción; 87.826 habían sido trasladadas a otras administraciones (autonómicas y locales); 54.193 se encontraban todavía en proceso de instrucción; y 11.206 habían sido archivadas. El resto, 156.262, tras el análisis del instructor correspondiente se había determinado que, a la vista de los hechos, «no procedía iniciar el procedimiento sancionador por distintas causas».
Andalucía (195.986) y Madrid (184.517) eran las comunidades autónomas en las que más expedientes de denuncia se interpusieron entre el 14 de marzo y el 21 de junio. Ceuta y Melilla presentaban las menores cifras, con 9.472 y 4.199 propuestas, respectivamente.
Las delegaciones del Gobierno tramitaron estos expedientes a raíz de las propuestas de sanción tramitadas por Policía Nacional, Guardia Civil y cuerpos autonómicos y locales. Correspondía, por tanto, al confinamiento domiciliario más estricto y a las multas tramitadas por la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como ‘ley mordaza’.
Para atender al volumen de expedientes y a la «desproporcionada carga de trabajo», Política Territorial anunció en mayo que ponía en marcha un programa de refuerzo para agilizar la tramitación de multas con la idea de que quedaran «resueltos en tiempo y forma». En total, había 235 efectivos en todo el país encargados de determinar si, a la vista de los hechos, procedía o no iniciar el expediente sancionador.
