El abogado melillense Rachid Mohamed Hammú, uno de los letrados de la ciudad más activos en las redes sociales, repasa en esta entrevista su trayectoria profesional, desde sus primeros pasos en el turno de oficio hasta su participación en procedimientos judiciales de gran repercusión, como el caso Mediador, el caso Mascarillas o las causas relacionadas con el voto por correo en Melilla.
¿Cuándo decidió que quería dedicarse al Derecho y qué le motivó a elegir esta profesión?
Le voy a ser sincero, no fue una vocación de infancia. Llegué al Derecho un poco por casualidad, o tal vez por descarte, y la vocación apareció bastante después, ya dentro de la carrera, cuando comencé a estudiar algunas asignaturas que me atraían bastante. A partir de ese momento dejé de vivirlo como una salida profesional y empecé a vivirlo como un oficio. Todo lo que vino luego, el doctorado, la Fiscalía, la judicatura y la vuelta a la abogacía, nació de aquello.
¿Cómo fueron sus inicios como abogado en Melilla?
Yo me colegié en 2003 en Almería, que fue donde di mis primeros pasos, y en 2006 me incorporé al Colegio de Melilla. Empecé como empezábamos entonces prácticamente todos, con el turno de oficio, asistencias al detenido a cualquier hora, guardias interminables y muchos asuntos pequeños que enseñan bastante más que cualquier máster. Melilla es una plaza muy exigente para un abogado joven, porque aquí nos conocemos todos y un error no se esconde en ninguna parte. Pero también es tremendamente generosa, porque en un solo año has pisado ya todas las jurisdicciones.
¿Qué ha cambiado en el ejercicio de la abogacía desde que usted comenzó hasta hoy?
Ha cambiado casi todo en la forma y francamente poco en el fondo. Hoy el expediente es electrónico, declaramos por videoconferencia y la inteligencia artificial forma ya parte del trabajo diario de cualquier despacho que quiera competir. También ha cambiado muchísimo el cliente, que llega informado, a veces mal informado, y que pregunta y exige explicaciones, cosa que a mí me parece sana. Y ha llegado la especialización, porque el abogado que lo hacía todo ha dejado paso al que hace una sola cosa bien. Lo que no ha cambiado, y ya debería, es la lentitud.
¿Qué tipo de casos le han marcado más a lo largo de su trayectoria profesional?
No siempre se recuerdan más los que salen en la prensa, que te ofrecen una mayor exposición profesional. Pero a mí me han marcado sobre todo las macrocausas de criminalidad organizada donde manejas miles de folios y peticiones de pena absolutamente desproporcionadas. Y por supuesto los asuntos de gran repercusión, como el llamado caso Mediador, el caso Mascarillas, los delitos electorales del voto por correo aquí en Melilla o el juicio del clan de los Castaña en Algeciras. Pero, si le soy honesto, la huella más profunda la dejan siempre los asuntos pequeños, los de personas que se juegan en una sala todo lo que tienen.
¿Existe algún asunto que recuerde como especialmente complejo o determinante en su carrera?
Uno de los juicios más tensos que he vivido fue el de varios guardias civiles destinados en la Verja de Gibraltar. La investigación había sido realizada por Asuntos Internos y, en cierto modo, era la Guardia Civil investigando y declarando contra sus propios compañeros.
La Fiscalía pedía para cada agente trece años de prisión, la inhabilitación y una multa de 900.000 euros. La acusación era muy grave, pero nuestra obligación era separar las sospechas de las verdaderas pruebas.
Finalmente, la Audiencia de Cádiz absolvió a los cinco guardias civiles porque consideró que las pruebas no eran concluyentes. Para mí, este asunto demuestra que la presunción de inocencia debe respetarse siempre, incluso cuando la investigación procede de la propia institución a la que pertenecen los acusados.
Y en lo determinante, este mismo año tuve que cuestionar públicamente una resolución que daba por buenas unas citas del Tribunal Supremo que sencillamente no existían, con toda la apariencia de haber sido generadas por una herramienta de inteligencia artificial. Aquello me cambió bastante la forma de entender hasta dónde tiene que llegar la vigilancia de un abogado sobre el propio proceso.
Es usted uno de los abogados más activos en redes sociales en Melilla y en otros puntos de España. ¿Cómo y por qué decidió dar ese paso?
Empecé casi por necesidad de archivo, porque quería tener ordenadas en algún sitio las intervenciones en prensa y televisión. Con el tiempo me di cuenta de que aquello servía para algo mucho más importante. La gente busca respuestas jurídicas en internet y las encuentra donde puede, y a mí me pareció francamente preferible que se las diera alguien que pisa los juzgados todas las semanas. Desde entonces publico siempre con el mismo criterio, que es explicar dónde está el límite del poder público frente al ciudadano, que en el fondo es de lo que trata el Derecho penal.
¿Qué le aportan las redes sociales como profesional del Derecho?
Básicamente tres cosas. Reputación, que en esta profesión es el único activo que no se compra con dinero. Clientes que llegan sabiendo perfectamente lo que pueden esperar y lo que no, y eso ahorra muchísimos malentendidos. Y, sobre todo, una disciplina mental que sinceramente no esperaba. Obligarme a explicar en sesenta segundos lo que un escrito resuelve en veinte folios creo que me ha hecho mejor jurista, porque lo que uno no sabe explicar con claridad suele ser justamente lo que todavía no ha terminado de entender.
¿Cree que han cambiado la forma en la que los ciudadanos se relacionan con la Justicia?
Sí, y yo creo que de forma ya irreversible. Se ha roto el monopolio del lenguaje jurídico y hoy el ciudadano llega al despacho con criterio propio, pregunta, discute y a veces hasta te corrige. Eso me parece bueno, porque un cliente que entiende su asunto colabora mucho mejor en su propia defensa. Lo malo es la expectativa de inmediatez, porque las redes acostumbran a respuestas en un minuto y la Justicia sigue trabajando en años. Buena parte de la frustración que hoy existe con los tribunales nace exactamente de ahí.
¿Ha recibido críticas por su exposición pública? ¿Cómo las gestiona?
Claro que sí, como cualquiera que se expone. Yo distingo dos clases muy distintas. La crítica jurídica, la que discute un argumento, es bienvenida y se contesta con argumentos, que es exactamente como discutimos los juristas. El ruido anónimo, el que no discute nada sino que descalifica, sencillamente no se contesta, porque responder es darle una categoría que no tiene. Me impuse dos reglas hace ya tiempo y me han funcionado muy bien, no contestar nunca en caliente y no hablar jamás en redes de un asunto que llevo, salvo a aquellos que han tenido repercusión mediática, pero siempre con prudencia y respeto.
¿Dónde está el límite entre la divulgación jurídica y la opinión personal?
La divulgación explica fundamentalmente lo que dice la ley y lo que ha resuelto el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional, y la opinión dice lo que a mí personalmente me parece. Las dos cosas son perfectamente legítimas, pero hay que etiquetarlas bien, porque el ciudadano no siempre distingue si el que habla está informando o simplemente opinando. Mi regla es bastante sencilla: divulgo sobre normas y jurisprudencia ya publicadas y opino sobre política legislativa. No valoro causas ajenas sin haber estudiado sus actuaciones y, respecto de los asuntos en los que intervengo, solo me pronuncio cuando es compatible con el secreto profesional, la estrategia de defensa y los derechos de las personas implicadas, limitándome siempre a la información que legítimamente puede hacerse pública.
¿Considera que las redes pueden influir en la percepción pública de un caso judicial?
Influyen, y además influyen muchísimo. Hoy la condena social es inmediata y llega mucho antes de que se practique una sola prueba en el juicio. El juez resuelve con lo que consta en las actuaciones y no con lo que se dice fuera, pero mientras tanto el investigado ya está cumpliendo una pena anticipada que ninguna absolución posterior le va a devolver. Por eso, cuando un cliente me pregunta qué hacemos con los medios, siempre le planteo la misma elección, defensa o espectáculo. Los que eligen lo primero terminan agradeciéndolo.
¿Cree que la Justicia en Melilla cuenta con medios suficientes?
No, y no lo digo solamente yo. La reciente Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia sustituyó los antiguos juzgados por el Tribunal de Instancia, y aquí se aplicó prácticamente a coste cero, sin más personal, sin más medios y sin adaptar siquiera los espacios.
El problema de los retrasos no es solamente una percepción de abogados y ciudadanos. El propio presidente del Tribunal de Instancia de Melilla ha advertido públicamente de las dificultades organizativas, de la falta de personal y de los retrasos provocados durante la implantación del nuevo modelo judicial. Reorganizar el organigrama está muy bien, pero sin dotación no arregla absolutamente nada.
¿Cuáles son los principales problemas legales que afectan actualmente a la ciudadanía melillense?
En el ámbito administrativo, destacan extranjería y nacionalidad, con procedimientos que en ocasiones se prolongan demasiado y obligan al ciudadano a acudir a los tribunales para obtener una respuesta efectiva. En el ámbito civil, tienen especial presencia los problemas relacionados con la vivienda, las relaciones contractuales y el Derecho de familia, que en Melilla presenta una diversidad de situaciones personales y culturales muy particular. En el ámbito penal encontramos una casuística muy variada, condicionada también por nuestra situación fronteriza, pero semejante en muchos aspectos a la de cualquier otra ciudad.
Y, por encima de las distintas materias, existe un problema común: el tiempo. La Justicia tarda más de lo que el ciudadano puede comprender y, muchas veces, más de lo que razonablemente debería soportar. Porque una respuesta judicial que llega demasiado tarde puede dejar de ser una respuesta verdaderamente eficaz.
Por último, ¿se está utilizando la vía judicial como herramienta de confrontación política?
En ocasiones sí, evidentemente. Hay querellas que no se presentan para ganar, sino para abrir un titular y sostenerlo mientras dure la instrucción. Lamentablemente mi experiencia profesional me ha hecho testigo de esa realidad en la ciudad de Melilla.
