En el caso de que no haya “una respuesta clara” de Delegación, el sindicato avisa que adoptará las medidas oportunas, como concentraciones o acudir al Defensor del Pueblo, para “tranquilizar y garantizar la prevención de riesgos” de los empleados públicos y de la población en general
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha registrado una petición formal a la Delegación del Gobierno para conocer el supuesto plan del que dispone para responder a una posible entrada masiva de inmigrantes como la que tuvo lugar en Ceuta el pasado 30 y 31 de julio.
En concreto, el sindicato exige saber si la Administración dispone de los recursos suficientes y de una planificación adecuada para responder en el caso de que se produzca una situación extraordinaria como la que ocurrió en la ciudad hermana.
“Sabemos que algunas medidas preventivas se están tomando. Se han conocido actuaciones de refuerzo, sobre todo en la vigilancia marítima y, anteriormente, se habían planteado también mejoras en medios y sistemas de vigilancia fronteriza para Melilla. Esto nos parece positivo”, ha afirmado en rueda de prensa el presidente del sindicato, Luis Escobar, que pide conocer “el alcance” del plan de Delegación para “tranquilizar y garantizar la prevención de riesgos” de los empleados públicos y de la población en general.
“Este plan que la delegada dice que existe, ¿contempla únicamente la primera atención o recepción? ¿Prevé refuerzos extraordinarios de personal? ¿Incluye sanidad, emergencias, servicios sociales y menores? ¿Contempla protocolos de coordinación entre las administraciones previamente establecidos? ¿Contiene medidas específicas de prevención de riesgos laborales para los trabajadores que atienden a lo que tenga que pasar? ¿Saben los trabajadores qué tienen que hacer si este plan se activa?”, pregunta Escobar, que deja claro que “no es lo mismo decir ‘tengo un plan’ que disponer de una capacidad real de respuesta ante una situación extraordinaria” como la vivida en Ceuta.
En este sentido, preguntó si el Plan Integral de Seguridad para Ceuta y Melilla que impulsó hace cinco años el Gobierno central está terminado y operativo, y si es el mismo o distinto al que se refiere la delegada del Gobierno, Sabrina Moh. “Estamos hablando de una planificación que se previó hace cinco años para dos ciudades con unas características singulares y que, en principio, por lo ocurrido en Ceuta, no parece que este plan esté diseñado”, ha agregado, insistiendo en que se aclare la existencia de este plan “para la tranquilidad de todos”.
“Creemos que quien tenga que responder ante una situación extraordinaria de emergencia, sepan o tengan la confianza de que detrás existe una administración preparada para proporcionarle inmediatamente los medios, los refuerzos y la coordinación que se necesita”, ha apostillado. Por eso, pide, entre otras reivindicaciones, prevención, planificación, coordinación, recursos suficientes y protección de los trabajadores ante un posible escenario de crisis migratoria.
“¿Está Melilla preparada?”
Llegado a este punto, Escobar pregunta si Melilla estaría preparada en el caso de que se produzca un escenario como el de Ceuta. Confía en que sí, al igual que espera una “respuesta clara” de Delegación del Gobierno para “tranquilizar a la población”. En el caso de que no sea así, avisa que el sindicato adoptará las medidas oportunas, como concentraciones o acudir al Defensor del Pueblo, e incluso al juzgado.
“Tenemos la oportunidad ahora de hacer algo mejor que buscar responsabilidades después de una crisis, y es evitar tener que buscar esas responsabilidades porque la situación ha sido controlada y no hay crisis”, agrega.
“Ojalá que no pase nada, pero alguien tiene que alzar la voz y decir que la gente en Melilla está preocupada”, apostilla.
Ha apelado también a la “responsabilidad institucional” y a la “altura de miras” entre los representantes políticos en beneficio de la población. Por eso, pide “aparcar cualquier tipo de diferencia política para beneficiar y proteger a la población, a proteger a los servidores y a los trabajadores públicos”.
