El órgano fiscalizador detecta deficiencias en la definición, ejecución y control de los proyectos financiados con los Fondos de Compensación Interterritorial y advierte de que su presupuesto permanece congelado desde 2014
El Tribunal de Cuentas ha advertido de que la escasa dotación de los Fondos de Compensación Interterritorial (FCI) está condicionando «seriamente» el cumplimiento de los objetivos para los que fueron creados y ha detectado deficiencias comunes en la gestión, ejecución y control de los proyectos financiados con estos recursos en Melilla, Ceuta, Cantabria, Extremadura y la Región de Murcia.
La conclusión figura en el Informe de fiscalización de los Fondos de Compensación Interterritorial correspondiente al ejercicio 2024, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas, que analiza el grado de cumplimiento de la normativa reguladora de estos fondos en las comunidades y ciudades autónomas que carecen de órgano de control externo autonómico.
Según el informe, la dotación total de los FCI alcanzó en 2024 los 432,43 millones de euros, una cuantía que permanece invariable desde 2014 tras un proceso de reducción que ha dejado estos fondos en aproximadamente un tercio de la dotación que tenían en 2009. El órgano fiscalizador considera que esta situación compromete de forma significativa la finalidad para la que fueron concebidos estos recursos.
Además de la insuficiencia presupuestaria, el Tribunal de Cuentas ha identificado deficiencias en la gestión de los proyectos financiados con cargo a los FCI. En concreto, señala que, salvo en el caso de Cantabria, los proyectos se describen de forma demasiado genérica, lo que dificulta el seguimiento del destino concreto de los fondos públicos.
El informe también advierte de que la admisión de proyectos definidos de manera genérica, unida a una «laxitud» en la justificación de las modificaciones, facilita sustituir actuaciones con escaso grado de ejecución por otras ya ejecutadas dentro del mismo ejercicio presupuestario. A juicio del Tribunal, esta práctica convierte la financiación de los FCI en una financiación «prácticamente incondicionada», con la única exigencia de que los recursos se destinen a inversiones.
