Acusan a la administración de “suprimir” de manera “injustificada” la reserva para personas con discapacidad previamente establecida en dichas plazas, “vulnerando de manera directa la normativa básica estatal”
Un grupo de opositores del cupo de personas con discapacidad ha presentado un recurso de reposición contra la Oferta de Empleo Público (OEP) de la Ciudad Autónoma de Melilla, tras detectar la “eliminación injustificada” de plazas reservadas para este colectivo.
En un comunicado, este grupo de opositores afectados señala que la OEP reincorpora diversas plazas procedentes de convocatorias anteriores como las del año 2021 y 2022, que habían “caducado, manteniendo incluso los mismos códigos identificativos”. Sin embargo, denuncian que la Administración “ha suprimido” la reserva para personas con discapacidad previamente establecida en dichas plazas, “vulnerando de manera directa la normativa básica estatal”.
Plazas eliminadas
Han detallado que en la OEP 2022 estaban reservadas 4 plazas de Auxiliar Administrativo, de las cuales 1 era para personas con discapacidad; en la de 2021, de las 12 plazas de Auxiliar Administrativo convocadas, dos estaban reservadas a personas con discapacidad. En total, tres plazas de las 16 anteriores tenían reserva para este colectivo, eliminadas ahora en la OEP 2026.
“Discriminación y fraude de ley”
Los opositores consideran que esta actuación contraviene el artículo 59 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), “que obliga a reservar un mínimo del 70 % de plazas para personas con discapacidad”, y los artículos 9.2, 23.2 y 49 de la Constitución Española, que establecen los principios de igualdad, no discriminación y la integración efectiva de personas con discapacidad.
Asimismo, señalan que la supresión de la reserva puede constituir “discriminación indirecta” según el artículo 2 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, y podría ser considerada “un fraude de ley”, al modificar condiciones de acceso previamente establecidas.
El colectivo exige que el Gobierno local restituya las plazas reservadas y que la Oferta de Empleo Público se adecúe a la legislación básica estatal, garantizando “la igualdad de oportunidades para todas las personas aspirantes”.
La consejera de Presidencia y Administración Pública, Marta Fernández de Castro, presentó la semana pasada la convocatoria de 109 plazas de la oferta de empleo público (ope) correspondiente a este año, y que tiene como objetivo reforzar los servicios públicos, mejorar la gestión administrativa y, sobre todo responder a las necesidades de personal existentes en la administración local y en las áreas que más lo demandan.
