María Jesús Montero y Óscar Puente, altos funcionarios del Gobierno español, reciben indemnizaciones por alojamiento pese a residir en lujosas casas oficiales. Esta situación contrasta con la carga fiscal que soportan los ciudadanos comunes, generando críticas por posible duplicidad y falta de ética.
No parece muy lógico cobrar cantidades para vivienda por parte de políticos desplazados que viven en lujosas casas oficiales pagadas por todos los españoles. Es más sangrante, si cabe, en el caso de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que fiscaliza hasta la extenuación a los ciudadanos, aunque el ministro más criticón del Gobierno no le hace ascos a aprovechar un hueco legal para sumar euros a su cuenta. Cobran ambos (que deberían dar ejemplo) una indemnización mensual de 2.078,92 euros en catorce pagas.
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, perciben 29.104,88 euros anuales libres de impuestos (algo-el que algo sea libre de impuestos- que nos suele pasar a los españolitos de a pie) del Congreso de los Diputados en concepto de gastos de alojamiento en Madrid, pese a residir en viviendas oficiales sufragadas íntegramente con dinero público.
Ambos, cargos del Gobierno y miembros del PSOE, mantienen su condición de diputados —Montero por Sevilla y Puente por Valladolid—, lo que les permite cobrar una indemnización mensual de 2.078,92 euros en catorce pagas, diseñada para cubrir los costes de quienes deben desplazarse a la capital. Es evidente que ni la vicepresidenta ni el ministro asumen gasto alguno de vivienda, ya que viven en inmuebles propiedad de Patrimonio del Estado.
Montero vive en una vivienda habilitada dentro del propio Ministerio de Hacienda. Puente, por su parte, reside en un lujoso ático próximo al Congreso, reformado por el Ministerio de Hacienda con una inversión pública desorbitada (con el dinero público, todo vale) superior al millón de euros, con materiales de alta gama y una climatización cuyo coste rondó los 200.000 euros.
Lo que cobran está exento de tributación, amparada en la Ley del IRPF, al considerarse una cantidad destinada a gastos. La única forma legal de no percibirla sería renunciar voluntariamente a ella, algo que ninguno de los dos ha hecho, a diferencia de otros ministros que sí renunciaron a su acta de diputado.
Puente, con su habitual tono, alega que “es legal y la percibe cualquier diputado elegido fuera de Madrid”, y que el dinero puede gastarse “en lo que considere”, no necesariamente en vivienda. La zafia justificación (algo habitual en nuestro Gobierno actual) no tiene problema en ignorar la evidente duplicidad de gastos y el agravio comparativo con millones de españoles sometidos a una presión fiscal creciente.
Montero percibe 123.994,70 euros brutos anuales, sumando su salario como vicepresidenta y las dietas del Congreso. Puente alcanza los 110.941,72 euros, también combinando sueldo ministerial y la indemnización parlamentaria libre de impuestos.
El caso de Puente es sangrante: el ático donde reside —de 575 metros cuadrados, dividido en dos viviendas para Transportes e Igualdad— fue reformado tras un contrato adjudicado por 1.067.082,59 euros, con desviaciones al alza durante la ejecución. Todo ello mientras el Gobierno exige sacrificios económicos a los ciudadanos y predica austeridad desde el poder.
El aprovechar un vacío legal, para cobrar dietas que se pueden considerar contra la ética, tiene el agravante de que ambos políticos poseen, según sus declaraciones de bienes, múltiples inmuebles en propiedad. Esto último refuerza a los muchos que critican el uso de dietas pensadas para cubrir necesidades reales y no para engordar ingresos personales bajo el paraguas de la legalidad.
Los diputados cuentan además con transporte financiado por el Congreso, tarjetas para taxis y otros servicios que, en el caso de Montero y Puente, ni siquiera necesitan, al disponer de vehículos oficiales y viajes cubiertos por sus respectivos ministerios.
