El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto por el que se crea un sistema de avales públicos destinado a cubrir posibles impagos de alquiler y daños en la vivienda cuando los propietarios arrienden sus inmuebles a jóvenes y personas vulnerables. En el caso de Melilla, la gestión de esta medida corresponderá a la Ciudad Autónoma.
Según ha informado el Gobierno, el objetivo de esta cobertura es facilitar el acceso a la vivienda a colectivos con mayores dificultades, ofreciendo garantías a los propietarios y fomentando que más viviendas salgan al mercado del alquiler. El sistema será gestionado por las comunidades autónomas de régimen común, así como por las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Para acogerse a este aval, los arrendadores deberán cumplir una serie de requisitos, entre ellos formalizar un contrato de alquiler con personas menores de 35 años o con personas vulnerables, conforme a los criterios que establezca cada comunidad autónoma. Además, la renta del alquiler no podrá superar el índice estatal de referencia, deberá depositarse la fianza legal obligatoria y sus correspondientes actualizaciones, y ambas partes deberán suscribir el compromiso relativo al aval al alquiler, siguiendo el modelo que apruebe la Administración.
Junto a estas condiciones generales, las comunidades autónomas podrán establecer criterios adicionales, dado que serán las responsables de la gestión directa de estos avales.
El aval cubrirá tanto el impago de las rentas de alquiler como los posibles daños causados a la vivienda y el coste de los suministros pendientes de abono. Los beneficiarios de la medida serán las personas propietarias de las viviendas arrendadas o, en su caso, las comunidades autónomas cuando estas hayan suscrito un seguro con los arrendadores.
Para acceder a las compensaciones, los beneficiarios deberán encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. La cobertura estará limitada a impagos y daños derivados de contratos de alquiler vigentes a 30 de enero de 2025.
Por el momento, el Gobierno no ha concretado la dotación presupuestaria de esta línea de avales ni el importe total con el que contará. No obstante, las comunidades autónomas estarán obligadas a remitir semestralmente al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana información sobre las coberturas aplicadas.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, señaló la pasada semana que esta medida pretende “dar garantías” a los propietarios y combatir discursos que, a su juicio, “alimentan el miedo” en torno a la vivienda. Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya había adelantado la aprobación de este real decreto, que responde a una demanda planteada por Junts y que busca incentivar el alquiler a jóvenes y familias vulnerables ofreciendo mayor seguridad a los propietarios.
