La consejera de presidencia y administraciones públicas, Marta Fernández de Castro, ha justificado dichas modificaciones por “imperativo legal” y dice que el PGCAM es un elemento “vivo”, pero la oposición acusa al Gobierno local de no ejecutar las partidas presupuestarias
El Pleno de la Asamblea ha aprobado este lunes por mayoría un suplemento de crédito financiado con remanente de tesorería para un amortización anticipada de préstamos. Una acción que se ha tenido que llevar a cabo por “imperativo legal”, según ha explicado la consejera de Presidencia y Administración Pública, Marta Fernández de Castro, y que se podría haber dedicado a “expresiones financieras sostenibles”, pero que por “falta de trabajo” del Gobierno central.
Así, lamenta que dichas inversiones no vayan destinadas a partidas como el Plan Melilla Joven o Melilla Invierte. Aun así, “cumplimos con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Financiera”.
“Tenemos que pagarlo”, ha resumido, argumentando que esta norma ha estado suspendida hasta ahora “y lo único que nos quedaba era amortizar los dos préstamos que nos quedaban pendientes”.
Estos argumentos no parecen haber convencido a los partidos de la oposición, especialmente a CPM y a Somos Melilla, que acusan al Gobierno de la Ciudad Autónoma de no ejecutar por completo el Presupuesto de la Ciudad Autónoma (PGCAM).
Por un lado, la diputada y portavoz de CPM, Dunia Almansouri, acusó al Ejecutivo local de haber dejado sin ejecutar más de un 20% del PGCAM del año 2024. En este sentido, les ha reprochado que hayan tramitado de manera “precipitada” partidas presupuestarias que consideran prioritarias para la ciudadanía como la adquisición de material y uniformes escolares. “No han sabido gestionar este presupuesto y no han sabido aplicarlo a medidas sociales”, ha criticado, denunciado la “desastrosa” gestión presupuestaria gestionada por el Gobierno melillense, “un dinero que no llega a donde tiene que llegar y que se va a ir a pagar a los bancos cuando podría haber llegado a las familias melillenses”.
En la misma línea se ha expresado el diputado de Somos, Amin Azmani, durante su intervención cuando se iba a votar un suplemento de crédito para el fomento del turismo y de la formación, asegurando que el Ejecutivo local “no sabe ejecutar” el PGCAM. “Llegan tarde y mal, les sobra casi siempre dinero por todos lados y dejan partidas presupuestarias sin ejecutar”, ha resumido, poniendo de ejemplo el convenio con el Colegio de Médicos para atraer profesionales sanitarios abonándoles el alquiler de vivienda o el Bono Alquiler Joven.
La consejera ha rebatido estas afirmaciones asegurando que el PGCAM es un presupuesto “vivo” que “se usa, se gasta, se prevé y, si no se gasta, se hacen estas modificaciones para poder ejecutarlos dentro de los pilares fundamentales”.
Ha acusado a Azmani de “vender humo” y ha defendido que se apruebe dicha modificación presupuestaria para que ese dinero se invierta en bonos turísticos y en formación. “Es su palabra contra la del resto de la ciudadanía”, ha apostillado.
Grupo Sureste
Por último, la Asamblea ha aprobado por mayoría el abono de 587.703,40 euros de los servicios de vigilancia de seguridad privada prestados en dependencias municipales de la Ciudad Autónoma por parte de la empresa Grupo Sureste.
Según ha explicado el consejero de Seguridad Ciudadana, José Ronda, se trata de un servicio que se generó durante el anterior Gobierno de coalición de CPM, PSOE y Eduardo de Castro, y que ha terminado de ejecutar el actual con la venia del Consejo de Estado.
