La diputada de Coalición por Melilla (CPM), Cecilia González Casas, ha alertado sobre graves desigualdades en los programas de ayudas de material escolar y uniformes destinados a alumnado de familias con dificultades socioeconómicas, gestionados por la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de Melilla.
Según explicó González Casas, las ayudas de material escolar varían drásticamente entre centros: mientras que cada alumno del CEIP León Solá recibe 28,40 euros, en el CEIP España, con similares necesidades, la cuantía asciende a 191,90 euros por niño. En el caso de los uniformes, los alumnos del León Solá reciben la misma cantidad de 28,40 euros frente a los 240 euros por alumno del Liceo Sefardí, centro privado.
La diputada considera que ambos programas presentan “una auténtica chapuza administrativa” y podrían vulnerar principios constitucionales como objetividad (art. 103.1), igualdad (art. 14) y la protección de datos personales (Ley Orgánica 3/2018), al delegar la evaluación de la situación socioeconómica de las familias en el personal docente, sin la preparación legal ni técnica necesaria.
Fracaso en el objetivo social y desigualdad entre centros
González Casas denuncia que los programas “fracasan en su objetivo social” al mantener un tope de ayuda de 14.999 euros por centro, sin considerar la concentración de alumnado vulnerable en cada centro. Esto provoca que los niños más necesitados reciban significativamente menos ayuda que otros con menores dificultades.
Destacó también la coherencia de algunos centros, como el CEIP Nuestra Señora del Buen Consejo, que manifiesta desconocer el número de familias con necesidades, y criticó la incoherencia de la Consejería al excluir al único colegio privado de Melilla del programa de material escolar, mientras se le incluye en el de uniformes, otorgando beneficios mucho mayores a su alumnado en comparación con otros centros públicos.
El caso del CEIP Juan Caro ha sido especialmente señalado, ya que la Consejería rechazó una propuesta del centro para repartir uniformes de manera que no se estigmatizara a los alumnos, dejando a varios cientos de niños vulnerables sin ayuda.
Petición de suspensión y revisión
Coalición por Melilla solicita al Gobierno local la suspensión temporal de ambos programas, para que en el menor plazo posible se corrijan las deficiencias administrativas y jurídicas detectadas y se garantice que las ayudas se otorguen de forma clara, justa e igualitaria a todos los escolares de Melilla.
“Una vez más, la administración demuestra discriminación y arbitrariedad en programas que deberían ser instrumentos de igualdad y apoyo real para las familias más necesitadas”, concluyó González Casas.
