El Pleno del Tribunal de Cuentas ha sancionado a Coalición por Melilla (CPM) por no colaborar en la investigación sobre su financiación durante las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023, unos comicios marcados por las presuntas irregularidades en el voto por correo que desembocaron en la detención de la cúpula del partido y varios de sus ex consejeros.
La sanción por un importe de 4.000 euros corresponde a una infracción leve, prevista en el artículo 17.4.a) de la Ley Orgánica 8/2007 sobre financiación de los partidos políticos, por incumplir el deber de colaboración recogido en el artículo 19 de la misma norma. Según la institución, las resoluciones adoptadas podrán ser recurridas en contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo, como recoge el artículo 18.9 de la citada ley.
El acuerdo sancionador se incorporará al portal de Transparencia del Tribunal de Cuentas, dentro del apartado de contabilidad electoral y procedimientos sancionadores de los partidos políticos.
El contexto: la Operación Santiago Rusadir
Las elecciones de 2023 en Melilla estuvieron condicionadas por la investigación judicial abierta en la denominada Operación Santiago Rusadir, llevada a cabo por la Policía Nacional.
