La Semana. MH, 07/07/2025
Por: J.B.
Aunque las zonas de tráfico restringido no son un tema que afecte (al menos de momento) a la Ciudad Autónoma de Melilla (donde no hay zonas de bajas emisiones, también llamadas ZBE), los melillenses sufren, cuando se desplazan, por ejemplo, a Madrid, las restricciones, la falta de información clara para los visitantes y las multas por no respetar una normativa muy confusa.
En los últimos años, el cambio climático se ha convertido en una causa global que moviliza a gobiernos, empresas y organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, detrás de las loables intenciones de combatir el calentamiento global (para muchos algo en lo que la “culpa” de las actuaciones del hombre es mínima), ha surgido una industria que muchos califican de «chiringuitos climáticos»: un entramado de entidades que, bajo el paraguas de la sostenibilidad, generan ingresos significativos sin siempre ofrecer resultados tangibles. Desde consultoras especializadas en certificaciones verdes hasta ONGs que recaudan fondos para proyectos ambientales de dudosa eficacia, este sector ha florecido en paralelo a las políticas de descarbonización.
Los melillenses sufren, cuando se desplazan, por ejemplo, a Madrid, las restricciones, la falta de información clara para los visitantes y las multas por no respetar una normativa muy confusa.
Muchas de estas organizaciones se benefician de subvenciones públicas, contratos con administraciones y donaciones privadas, mientras que algunas empresas aprovechan el auge de la «economía verde» para vender productos o servicios etiquetados como sostenibles, pero que no siempre lo son. Por ejemplo, la proliferación de certificados de «neutralidad en carbono» ha sido cuestionada por expertos, que señalan que muchas veces se trata de estrategias de greenwashing que permiten a grandes compañías mantener prácticas contaminantes mientras proyectan una imagen ecológica. Esta dinámica genera desconfianza entre los ciudadanos, quienes perciben que el cambio climático, lejos de ser solo una emergencia ambiental, se ha convertido en un nicho de mercado para algunos.
Las etiquetas DGT: un sistema bienintencionado, pero confuso
En el ámbito de la movilidad urbana, las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), impulsadas por la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de 2021, han traído consigo otro desafío: las etiquetas ambientales de la Dirección General de Tráfico (DGT). Estas etiquetas (Cero, ECO, C y B) clasifican los vehículos según su nivel de emisiones, determinando quién puede circular o estacionar en las ZBE de ciudades como Madrid o Barcelona. Aunque el objetivo es reducir la contaminación, la implementación de estas medidas ha generado molestias significativas para los ciudadanos.
Uno de los principales problemas es la falta de claridad. Muchos conductores, especialmente aquellos con vehículos más antiguos (sin etiqueta o con etiqueta B), desconocen las restricciones específicas de cada ZBE. Por ejemplo, en Madrid, desde el 1 de enero de 2025, los vehículos sin etiqueta no podrán circular por el municipio salvo excepciones, como estar empadronados en la ciudad antes de 2022 o ser vehículos históricos. Sin embargo, la información no siempre llega de forma clara a los ciudadanos, lo que resulta en confusión sobre dónde y cuándo pueden circular o estacionar.
Detrás de las loables intenciones de combatir el calentamiento global (para muchos algo en lo que la “culpa” de las actuaciones del hombre es mínima), ha surgido una industria que muchos califican de «chiringuitos climáticos».
Multas: un negocio lucrativo para los ayuntamientos
La implantación de las ZBE ha disparado la recaudación por multas en muchos municipios. Según la normativa, acceder o circular sin autorización en una ZBE se considera una infracción grave, sancionada con 200 euros (100 euros con pronto pago). En Madrid, por ejemplo, las cámaras de control de acceso detectan automáticamente a los vehículos infractores, lo que ha generado un volumen considerable de sanciones. Solo en 2019, se estimaba que 114.000 vehículos sin etiqueta entraban diariamente en la capital, representando el 14,25% del total. Esta cifra, combinada con la progresiva eliminación de vehículos contaminantes, sugiere un flujo constante de ingresos para el Ayuntamiento.
Los conductores, a menudo desinformados, se enfrentan a multas inesperadas que perciben como injustas y que denotan un afán recaudatorio encubierto en el velo de la lucha contra la contaminación. La falta de señalización clara en algunas ZBE, unida a la complejidad de las excepciones (como las autorizaciones para residentes o vehículos adaptados para personas con movilidad reducida), agrava la frustración. Por ejemplo, en la ZBE de Distrito Centro de Madrid, los vehículos con etiqueta C o B solo pueden acceder si estacionan en un parking público o cumplen requisitos específicos, lo que no siempre es evidente para los conductores ocasionales.
Las políticas anticontaminación provocan más problemas (sobre todo económicos, al tener que asumir, obligados, la compra de un nuevo vehículo) que beneficios.
Un equilibrio difícil: sostenibilidad vs. Equidad
Las políticas de cambio climático y las restricciones de movilidad son necesarias para cumplir con los objetivos de reducción de emisiones de la Unión Europea. Sin embargo, tanto los «chiringuitos» climáticos como las ZBE y las etiquetas DGT plantean preguntas sobre su equidad y eficacia. Mientras las organizaciones y empresas aprovechan el discurso de la sostenibilidad para generar beneficios, los ciudadanos enfrentan el coste económico de adaptarse a un sistema que no siempre es transparente.
La solución pasa por una comunicación más efectiva y una transición más inclusiva. Los ayuntamientos deben invertir en campañas informativas claras y accesibles, mientras que el Gobierno podría regular mejor los incentivos a las empresas y organizaciones que operan en el ámbito del cambio climático, asegurando que sus acciones tengan un impacto real. Solo así se podrá evitar que la lucha contra el cambio climático se perciba como un negocio para unos pocos y una carga para muchos.
Muchos ciudadanos, que no pueden permitirse comprar un nuevo coche, se quejan de que pronto (con unas restricciones de escasa efectividad, pero gran molestia) no podrán circular y/o estacionar en muchas zonas de su ciudad. Exigen al gobierno que, si quiere acabar con las emisiones contaminantes, les ayude con la compra de un nuevo vehículo con subvenciones razonables (no menos del 50% del valor de un coche de tipo medio). De momento, piensan que las políticas anticontaminación provocan más problemas (sobre todo económicos, al tener que asumir, obligados, la compra de un nuevo vehículo) que beneficios.
