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El 91% de los españoles considera clave enseñar ciencias de la computación —como programación, ciberseguridad o inteligencia artificial— en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). En el caso de la Educación Primaria, un 72% de los padres con hijos en esta etapa comparten esta opinión.
Así lo refleja la segunda edición del Observatorio de la Informática en España, elaborado por Code.org y Deloitte. El informe, que combina encuestas a una muestra representativa de 2.021 personas con grupos de discusión con docentes de distintas comunidades autónomas, analiza la evolución de la enseñanza de informática en el sistema educativo español.
Los resultados muestran un amplio respaldo social a la inclusión de estas materias en la educación de las nuevas generaciones. Se consolida así una tendencia creciente que valora la informática como una herramienta educativa fundamental, más allá del simple proceso de digitalización.
Un 57% de los encuestados cree que los contenidos de ciencias computacionales en la ESO deberían aumentar, frente a un escaso 5% que opina que ya son excesivos. Esta demanda es común tanto entre familias de centros públicos (60%) como concertados (62%).
No obstante, el informe también destaca una preocupante confusión social: un 56% de la población asocia erróneamente las ciencias de la computación con el simple uso de internet o programas de ofimática.
Aunque la dotación tecnológica en los centros ha mejorado, el contenido que se imparte aún se percibe como superficial. Los padres que valoran la asignatura le otorgan una puntuación media de 6,0 sobre 10, inferior a la del informe anterior (6,6).
Otro de los retos señalados es la falta de una estructura curricular clara y homogénea en todo el país. Las diferencias entre comunidades autónomas son notables, y la ausencia de una asignatura troncal y obligatoria impide garantizar una formación sólida y equitativa para todos los alumnos.
En cuanto a la Educación Primaria, un 43% de la población cree que la informática debería tener aún más presencia, mientras que solo un 8% considera que debería reducirse.
