La consejera de Políticas Sociales, Randa Mohamed, recuerda que Melilla “sigue acogiendo” a menores extranjeros no acompañados procedentes de Marruecos, asegurando que el pasado mes de abril entraron 15 menores que están siendo “bien atendidos”
La Ciudad Autónoma de Melilla ha criticado los criterios establecidos por el Gobierno de España para el reparto de menores extranjeros no acompañados, asegurando que se rigen más por “intereses políticos” que por el interés superior del menor.
En su intervención en el Pleno de Control al Gobierno, la consejera de Políticas Sociales, Randa Mohamed, ha criticado que el decreto-ley “impuesto” por el Ejecutivo central carece de consenso con las diferentes comunidades autónomas y no recoge la financiación de recursos adecuados para la atención de dichos menores, recordando “el déficit” de 130 millones de euros que tiene la Ciudad Autónoma en la atención a menores migrantes.
“Estamos ahora mismo ante un Gobierno que dice una cosa y la contraria y que hace una cosa y la contraria”, ha criticado, dejando claro que el Gobierno que preside Pedro Sánchez no va a trasladar menores migrantes de Melilla a otras regiones españolas, sino que “van a venir” menores a la ciudad autónoma, rebatiendo en este sentido las afirmaciones del diputado socialista Rafael Robles.
15 menores en abril
Mohamed ha recordado que Melilla es una ciudad fronteriza con Marruecos, un país del que procede una buena parte de los menores migrantes que acoge. De hecho, ha cifrado en alrededor de 15 los menores extranjeros no acompañados procedentes del mismo y que están siendo “bien atendidos”.
Además, la ciudad permanece siempre “en estado de alerta” ante posibles entradas masivas de migrantes, poniendo como ejemplo el intento de entrada a la ciudad de cientos de menores procedentes de Nador el pasado verano, y que fue frustrado por las fuerzas de seguridad marroquíes.
Menores con problemas de salud mental
Por otro lado, y ante las preguntas del diputado de Vox, José Miguel Tasende, ha defendido una “atención digna” a los menores con problemas de salud mental tratados en centro de la península como Málaga o Córdoba, y lamenta que sean vistos como “un problema económico”.
