Las nuevas generaciones sólo han tenido un acceso parcial a las películas del cómico mejicano Mario Moreno, “Cantinflas”, bellísima persona que no desmerece la comparación con genios del humor como Chaplin o los hermanos Marx.
Cantinflas se distinguía por unos parlamentos y argumentos enrevesados; confusos en sí mismos, con frases que contradecían a las anteriores, al servicio de una dialéctica propia difícil de comprender.
El modelo parece haber sido asumido como línea de conducta por el Gobierno y tiene como su actor más destacado al todavía presidente Pedro Sánchez. Sus palabras sobre el aumento del presupuesto de Defensa tienen una evidente dimensión cómica, cuando rechaza que se hable de rearme y propone incluir una serie de gastos que son ajenos a la Defensa, como actuaciones medioambientales. Cabía esperar algo así de quien hace diez años propuso la mayor estupidez de los últimos tiempos: suprimir el ministerio de Defensa.
Sánchez paga el precio de formar gobierno con comunistas -caso único en Europa- y tratar de apoyarse en una mayoría parlamentaria de la que forman parte separatistas y continuadores políticos de la banda terrorista ETA. La llamada mayoría de investidura conduce de forma necesaria a una política aberrante, que está abocada a una permanente contradicción. Cada semana que pasa el sanchismo se acerca al centenar de derrotas parlamentarias y no resulta posible una gobernación coherente.
Cantinflas aparece cada vez que alguna cuestión se pone sobre la mesa y Sánchez, o cualquiera de los suyos, responde a quien le interpela -sea político o periodista- con un discurso que no tiene nada que ver con la cuestión planteada. Se llega incluso a mentir sobre la pregunta. Oscar López, ministro de algo, llegó a imputar a la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la estimación sobre reparto de menores no acompañados que había efectuado la portavoz parlamentaria de Junts, Miriam Nogueras.
Este López aparece como ministro de un invento llamado Transformación Digital. De igual que le nombrasen para Gestión de Picaportes. Su inutilidad sería la misma. Ahí está su colega de Incultura, Urtasun, que todavía no ha efectuado actuación alguna que resulte comprensible.
El acuerdo sobre reparto de “menas” pactado con el golpista prófugo, Carles Puigdemont, es un nuevo chantaje aceptado por Pedro Sánchez. Resulta un completo disparate acordar con separatistas políticas que afectan a toda España. El chantaje afectó también a la difusión de la noticia y su contenido. Lo hizo la señora Nogueras, sin que el ministro de Administración Territorial, Ángel Víctor Torres, fuera después capaz de confirmar o desmentir el reparto de menores por comunidades autónomas que había efectuado la portavoz de Junts. Cantinflas en estado puro.
La constitucionalidad de este pacto es más que dudosa, pero no cabe esperar otra cosa después de dos años en que el Gobierno ha vulnerado su obligación de presentar unos presupuestos generales del Estado. Tanto Sánchez como su vicepresidenta primera, María Jesús Montero, recurren al lenguaje cantinflesco para afirmar que pretenden seguir en el poder aunque sean incapaces de obtener mayoría para los presupuestos. El todavía presidente dijo hace unos meses estar dispuesto a gobernar sin respaldo parlamentario, pero es más que eso: gobierna, o lo que sea, a espaldas de la Constitución.
La payasada de la semana, frustrada, ha sido el intento de la llamada ministra de Sanidad, Mónica García, de montar un chiringuito llamado Agencia Estatal de Salud Pública, que iba a encomendar nada menos que a Fernando Simón, el campeón de las mentiras durante los primeros meses de la pandemia, hace ahora cinco años. Fue el que pronosticó que en España habría como mucho un par de casos, cuando los muertos por el covid ascendieron a 130.000.
Hay indicios, por lo menos, de que el tinglado se puede venir abajo. La audiencia de Sevilla ha recurrido al tribunal de la Unión Europea la sentencia del Tribunal Constitucional sobre los ERE de Andalucía. La mayoría sanchista del tribunal exculpó a los dirigentes socialistas que aprobaron el desvío de casi 700 millones de euros, frente al criterio del Tribunal Supremo, lo que significó actuar como un tribunal de casación, para lo que no es competente. A Cándido Conde Pumpido le hemos visto el plumero del sectarismo, a medida que se vanagloriaba de manchar su toga con el polvo del camino. Ahora es posible que lo sepan también en Bruselas, donde es dudoso que entiendan los juegos de palabras de Mario Moreno, Cantinflas.
